El procesado habría integrado una estructura ilegal a la que se le atribuye la indebida apropiación de cerca de 32.500 millones de pesos.
El rol del exmagistrado habría sido realizar maniobras judiciales para favorecer las reclamaciones que sin causa hicieron trabajadores y extrabajadores de Ecopetrol.
La Fiscalía General de la Nación a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, imputó a Félix María Galvis Ramírez los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en calidad de autor, por hechos al parecer cometidos, cuando se desempeñó como magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta (Norte de Santander).
El material de prueba recaudado determinó que entre los años 2010 y 2011, el exfuncionario judicial se habría asociado con jueces, abogados y fiscales en la capital nortesantandereana para defraudar al Estado, mediante el direccionamiento de decisiones judiciales.
Según la investigación, los integrantes de la red ilegal cumplían roles claramente definidos. Así, los abogados representaban a presuntos trabajadores y extrabajadores de Ecopetrol cuyos derechos laborales, según se argumentaba, habían sido vulnerados. Mediante tutelas y acciones judiciales ordinarias buscaban acceder a prestaciones sociales, derechos pensionales y reintegros.
Indagaciones adelantadas por la Fiscalía evidenciaron que Galvis Ramírez, como magistrado se habría comprometido a fallar favorablemente las acciones judiciales, protegiendo los intereses de los demandantes.
Estas maniobras ilegales habrían generado afectaciones al erario representadas en 30.000 millones de pesos por tutelas, y 2.500 millones de pesos por procesos judiciales ordinarios. El ente acusador cuenta con información que vincularía a Galvis Ramírez con, al menos 14 hechos de prevaricato por acción, y 13 con peculado por apropiación.
Actualmente Galvis Ramírez por cuenta de otro proceso judicial, se encuentra privado de la libertad en la cárcel Modelo de Cúcuta, donde cumple de condena a 22 años y 8 meses de prisión. Esta pena le fue impuesta el 9 de diciembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.
