La JEP ordenó dejar en libertad a María Eugenia Ballena Mejía, procesada por reclutar a jóvenes en diferentes regiones del país con ofertas de trabajo falsas, que luego fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército en la zona del Catatumbo.
La decisión fue tomada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial de Paz «después de analizar el plan de aporte a la verdad de la compareciente, que se sometió a la JEP en calidad de tercera civil, y tras analizar los aportes a la verdad suministrados en las versiones que ha rendido», indicó el tribunal en un comunicado.
Según la JEP, la decisión ampara a Ballena Mejía con el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada luego de estar detenida en el Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Cúcuta, donde permanece condenada dentro de seis procesos penales por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en concurso con fraude procesal y concierto para delinquir por hechos ocurridos entre 2007 y 2009.
El tribunal agregó que los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y los de la Sala de Reconocimiento de Verdad analizaron conjuntamente el plan de aporte a la verdad de Ballena Mejía y a partir de esto determinaron que la información que les suministró en 2018 «permitió reconstruir el patrón macrocriminal» de los militares que realizaron el hecho.
Sus aportes también llevaron a identificar «el cambio de modalidad que llevó a que las víctimas fueran trasladadas al Catatumbo desde otras zonas del país por miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander».
Se calcula que por lo menos 120 personas fueron muertas por militares en el Catatumbo y presentadas como bajas en combate cuando no lo eran.
Los casos de «falsos positivos», como se les denomina a las ejecuciones extrajudiciales, fueron una práctica recurrente en algunos integrantes del Ejército, quienes asesinaros a civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate y obtener privilegios, como ascensos y compensatorios.
Según la JEP, 6.402 personas fallecieron en Colombia de esta forma entre 2002 y 2008, una cifra mucho mayor que la señalada por la Fiscalía, que sostiene que son 2.000 los «falsos positivos».
