La Justicia Especial de Paz, JEP, aceptó este viernes 17 de noviembre de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004.
Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública. En la diligencia, de carácter virtual, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas emitió un concepto “sobre los aportes de verdad entregados por el exjefe paramilitar”, preso en EE.UU., “para decidir si tuvo o no un rol de bisagra o punto de conexión con agentes de Estado”.
En 2020, la JEP ya había rechazado el sometimiento de Mancuso, luego de que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyera que su rol fue el de un “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”.
En esa época, el exjefe paramilitar solicitó su sometimiento ante la JEP como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997, antes de su vinculación a las AUC, organización de la que fue su último comandante.
En aquella ocasión, la defensa de Mancuso argumentó que él patrullaba con un grupo armado compuesto por militares, antiguos guerrilleros y otros combatientes; portaba armas largas, y participaba directamente en acciones armadas con “fines contrainsurgentes, no solo con el aporte de información”.
Desde entonces, el excomandante de las AUC ha hecho varias declaraciones virtuales en audiencias ante la JEP, con las que intenta que lo acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.
El pasado 26 de julio el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que solicitará a Estados Unidos la extradición del exjefe de las AUC tras ser designado como “gestor de paz”.
El Gobierno aclaró que la designación de Mancuso como gestor de paz “de ninguna manera exime de responsabilidades penales, investigaciones o sanciones a exmiembros de las AUC, que deberán seguir compareciendo ante los entes judiciales que les requieran”.
Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado, según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.
