El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Leónidas Name Vásquez, al considerar probado que incurrió en tráfico de influencias en hechos relacionados con la entrega de recursos provenientes del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión está relacionada con una serie de hechos ocurridos durante el periodo en que Name ejercía como senador de la República y, posteriormente, ocupaba la presidencia del Congreso durante la legislatura 2023-2024.
Según los elementos analizados por el alto tribunal, Name recibió dinero de manos de personas vinculadas al caso de la UNGRD. Entre los involucrados en la entrega de los recursos aparecen los entonces funcionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La investigación también involucró a otros funcionarios de alto nivel, entre ellos Carlos Ramón González y Sandra Ortiz. De acuerdo con la decisión judicial, el propósito del acuerdo habría estado relacionado con conseguir respaldo para proyectos de interés del Gobierno Nacional que avanzaban en el Senado, entre ellos la reforma pensional.
Uno de los aspectos determinantes del proceso fue la conclusión del Consejo de Estado de que Name recibió una suma de dinero asociada a un acuerdo político que involucraba recursos públicos destinados originalmente a atender necesidades del departamento de La Guajira.
Para la corporación judicial, la conducta del entonces congresista fue incompatible con los deberes que impone la representación política y con los principios de transparencia, integridad y respeto por la dignidad del cargo.
El alto tribunal concluyó que se configuró la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias, una sanción que tiene consecuencias directas sobre la posibilidad de regresar al Congreso.
De esta manera, Name queda impedido para volver a ocupar una curul en el Senado o en la Cámara de Representantes, de acuerdo con los efectos de la pérdida de investidura.
El caso se desprende del escándalo de la UNGRD, que puso bajo investigación la presunta utilización irregular de recursos públicos y las gestiones realizadas alrededor del trámite de diferentes iniciativas legislativas.
La decisión sobre Name representa así otro capítulo judicial derivado de ese escándalo y deja establecida, para efectos del proceso de pérdida de investidura, la responsabilidad que el Consejo de Estado encontró en la conducta del exsenador.
El proceso también vuelve a poner en discusión los límites de las negociaciones políticas cuando estas involucran recursos públicos y actuaciones de funcionarios encargados de administrar el presupuesto estatal.
