El Consejo de Estado tomó una decisión de primera instancia que golpea la carrera política del exsenador Iván Leónidas Name Vásquez: decretó la pérdida de su investidura tras concluir que incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado, en un proceso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada el 25 de septiembre de 2026 y está relacionada con hechos ocurridos durante el periodo en que Name ejercía como presidente del Senado. Sin embargo, el fallo todavía no está en firme, por lo que el exsenador puede apelarlo ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Según lo establecido por el tribunal en esta instancia, Name habría utilizado su posición en el Congreso para facilitar el trámite de la reforma pensional impulsada por el entonces Gobierno de Gustavo Petro, a cambio de recibir 3.000 millones de pesos provenientes de recursos de la UNGRD.
El caso forma parte de una investigación más amplia que busca establecer cómo se habría utilizado dinero de la entidad encargada de la gestión del riesgo para obtener respaldo político a diferentes iniciativas del Ejecutivo.
Dos entregas de dinero
Uno de los aspectos examinados por el Consejo de Estado fue la supuesta entrega de los 3.000 millones de pesos.
La reconstrucción incluida en el proceso señala que Sandra Ortiz, quien para entonces era consejera presidencial para las Regiones, habría recibido el dinero de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes estaban al frente de la UNGRD.
Posteriormente, según esa versión, Ortiz habría trasladado el efectivo hasta la residencia de Name en Bogotá en dos entregas de 1.500 millones de pesos cada una, realizadas el 12 y el 13 de octubre de 2023.
La propia Ortiz ha negado haber llevado dinero al entonces presidente del Senado.
Los investigadores también revisaron elementos como registros de desplazamiento y comunicaciones para establecer la posible coincidencia de vehículos vinculados al esquema de seguridad de Ortiz con el lugar donde residía Name.
El papel de Name durante la reforma pensional
El Consejo de Estado también analizó el comportamiento del entonces presidente del Senado durante las sesiones en las que se discutió la reforma pensional.
De acuerdo con los elementos considerados en el proceso, Name se apartó de la dirección de varias de esas sesiones y permitió que la primera vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, asumiera la conducción de los debates.
Para el tribunal, esas actuaciones fueron valoradas dentro del conjunto de elementos que sustentaron su conclusión sobre el presunto tráfico de influencias.
La decisión todavía no es definitiva
Pese al impacto de la decisión, el proceso aún no ha terminado.
El fallo fue emitido en primera instancia y Name anunció que ejercerá su derecho a impugnarlo. La apelación deberá ser estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Por ello, la pérdida de investidura no puede considerarse definitiva mientras no exista una decisión de segunda instancia que resuelva el recurso y, eventualmente, quede ejecutoriada.
El proceso disciplinario-electoral y la investigación penal que enfrenta Name son escenarios judiciales diferentes. En el caso penal, la Corte Suprema de Justicia continúa con las actuaciones correspondientes por los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD.
El expediente deja así abierta una nueva etapa judicial para el exsenador, mientras el Consejo de Estado deberá resolver en segunda instancia si mantiene o modifica la decisión adoptada en septiembre.
