En medio de la tensión que se vive en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena por el anuncio de intervención de la empresa AIR-E, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha dado a conocer que está avanzando en el análisis de las medidas necesarias para llevar a cabo la intervención administrativa.
La Superintendencia ha indicado que AIR-E deberá continuar garantizando la prestación del servicio en estos departamentos hasta que se complete la transición. El superintendente Dagoberto Quiroga Collazos aseguró que se trabajará para responder a la demanda de un servicio de calidad sin aumentar las tarifas.
La Superintendencia detalló que, para iniciar el proceso de toma de posesión, es necesario nombrar un agente especial con funciones públicas temporales. Este proceso, según la entidad, busca implementar una «solución empresarial e institucional sostenible» para asegurar la continuidad del servicio a largo plazo.
La intervención puede tomar varias formas, dependiendo de la evaluación del impacto en el servicio. La primera modalidad, la administración, permitirá a la empresa superar las causas de la intervención mediante «actos de mera gestión» y tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga. En caso de una intervención con fines liquidatorios, se pueden adoptar medidas como reestructuración financiera, administrativa o incluso la creación de nuevas empresas. La liquidación se contempla cuando la entidad no puede seguir operando.
Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, destacó que la intervención de AIR-E es un desafío significativo, señalando que el primer reto para el agente interventor será asegurar recursos suficientes para pagar la energía comprada a los generadores y garantizar la seguridad energética en la región. Acosta también subrayó que la intervención es solo la «punta del iceberg», ya que muchas empresas enfrentan problemas financieros similares.
Por su parte, Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, enfatizó la necesidad de que la intervención sea «ágil» y efectiva para evitar la suspensión del servicio y proteger los derechos de los usuarios.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, pidió un pronunciamiento oficial de la Superintendencia para entender el alcance y las condiciones de la intervención. Cepeda también destacó la importancia de soluciones estructurales y el pago de subsidios adeudados por parte del Gobierno para aliviar la crisis financiera de AIR-E.
Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol Nacional y de Camacol Atlántico, expresó su preocupación por la intervención, señalando que el Caribe ha tenido malas experiencias con intervenciones anteriores. Segebre pidió la contratación de un operador experto para manejar el servicio de energía, en lugar de una junta improvisada, para asegurar la estabilidad del suministro eléctrico.
Situación actual de AIR-E
Antes del anuncio de la intervención, AIR-E había informado que las condiciones del mercado estaban ejerciendo una «presión considerable» sobre su estabilidad financiera, debido a los altos costos de generación y la volatilidad de los precios de la energía en la bolsa. A finales de 2021, AIR-E atendía a más de 1.2 millones de usuarios, con una concentración significativa en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará supervisando el proceso de intervención y ha llamado a la colaboración de todas las partes involucradas para asegurar una transición exitosa y una mejora en la prestación del servicio de energía en la región.
