En el municipio de Silvia ya inició la construcción de la primera colonia agrícola indígena de América Latina, un modelo innovador que articula infraestructura penitenciaria, producción agropecuaria y enfoque diferencial étnico, en coherencia con la cosmovisión de los pueblos indígenas.
El proyecto se desarrolla en el predio “El Tablazo”, en un terreno de aproximadamente 4,62 hectáreas, cedido mediante escritura pública por la administración municipal de Silvia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, con destinación específica para la construcción de un establecimiento de reclusión de mediana seguridad.
Esta iniciativa habilitará 500 nuevos cupos carcelarios para población indígena privada de la libertad del departamento del Cauca y hace parte de la política penitenciaria nacional con enfoque diferencial, consolidándose como un referente único en la región.
La obra se encuentra actualmente en fase de construcción, en etapa de movimiento de tierras y cimentación profunda y se proyecta su culminación para el primer semestre del año 2028.
La tulpa: eje espiritual del proyecto
Uno de los componentes más representativos será la ‘Tulpa’ o ‘fogón sagrado’ o ‘centro de armonización’, espacio donde se orientará a la comunidad privada de la libertad, armonizando (resocializando) los conflictos a través de procesos propios de los sistemas de justicia indígena, los cuales tienen como objetivo, restablecer el equilibrio individual y comunitario.
Su diseño se encuentra actualmente en proceso de concertación con comunidades y resguardos del Cauca, para garantizar que este espacio responda a sus prácticas y creencias.
Producción a través de proyectos productivos
El modelo de esta penitenciario incluye el desarrollo de proyectos agropecuarios construidos de manera participativa con las comunidades indígenas, integrando saberes ancestrales, calendarios agrícolas y prácticas tradicionales.
La colonia contará con 19 edificaciones destinadas a servicios administrativos, seguridad, alojamiento, educación, producción y atención integral, consolidando un modelo que integra infraestructura moderna con pertinencia cultural.
Enfoque étnico: una obligación constitucional
En Colombia, la existencia de establecimientos penitenciarios con enfoque étnico no es un privilegio, sino una forma concreta de cumplir con mandatos constitucionales, internacionales y jurisprudenciales.
La Constitución Política reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (artículos 7 y 70), y establece la jurisdicción especial indígena (artículo 246), que incluye sus propias formas de sanción y reintegración. A esto se suman compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que exigen la aplicación de un enfoque diferencial en la administración de justicia.
Estos espacios permiten proteger derechos fundamentales durante el tiempo de reclusión como la identidad cultural, la lengua, las prácticas espirituales y la alimentación tradicional, además de facilitar la participación de autoridades indígenas
y la articulación con la Jurisdicción Especial Indígena, puntualmente en temas relacionados con la practicidad de contar con presencia de autoridades tradicionales para realizar audiencias internas de conciliación o justicia restaurativa, traslados temporales para el cumplimiento de sanciones propias (amonestaciones, trabajo comunitario, rituales de perdón, entre otros).
Asimismo, contribuyen a evitar procesos de asimilación forzada y fortalecen la resocialización (armonización), mediante programas con pertinencia cultural (huertas, artesanía, medicina ancestral, educación bilingüe), impactando positivamente en la reducción de la reincidencia.
Con esta iniciativa, Silvia y el Cauca se posicionan como referentes en la implementación de un modelo penitenciario que reconoce la diversidad cultural como eje del cumplimiento de la pena, aportando a una justicia más incluyente, respetuosa y efectiva.
