En su informe anual sobre derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU reveló que en 2024 se registraron 72 masacres y 89 asesinatos de líderes sociales, destacando un alarmante incremento en la violencia en varias regiones del país. Además, el documento advierte sobre el creciente reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales, una tendencia preocupante que sigue afectando a las comunidades más vulnerables.
El informe señala que los grupos armados no estatales continúan utilizando estrategias violentas para imponer su control social, especialmente en territorios rurales, lo que genera un grave impacto en la población civil. Las víctimas principales de esta violencia desmedida son los pueblos indígenas, afrodescendientes, y comunidades campesinas, así como los procesos organizativos que han sido históricamente un referente de resistencia en las regiones afectadas.
La ONU también destaca que la violencia de estos grupos no solo pone en peligro la vida de los civiles, sino que también socava la gobernabilidad en las regiones, generando un entorno de inseguridad y desplazamiento forzado.
Este panorama crítico exige una atención urgente por parte del gobierno y la comunidad internacional para frenar el avance de los grupos criminales y garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
