Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otros cinco procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de secuestro simple agravado y tortura, dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por el secuestro del prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas, ocurrido en Barranquilla en agosto de 2025.
Durante la audiencia de formulación de imputación, los investigados Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía, mediante el cual aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
De acuerdo con el fiscal delegado Rodrigo Restrepo, el acuerdo parte de una pena inicial de 128 meses de prisión por el delito de secuestro simple agravado, a la que se adicionan 12 meses por el delito de tortura, para un total de 140 meses. No obstante, al encontrarse el proceso en la etapa de imputación, la ley permite una rebaja del 50 %, por lo que la sanción acordada quedó fijada en 70 meses de prisión para cada uno de los implicados.
El representante de la Fiscalía explicó que el preacuerdo también contempló la reparación integral de la víctima. En ese sentido, fueron devueltos los tres millones de pesos que la familia entregó durante el secuestro y se reconoció una indemnización cercana a los 10 millones de pesos por los daños ocasionados, incluidos los 20 días de incapacidad médica que sufrió el afectado.
Los hechos investigados
Según la investigación, el caso ocurrió en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando Carlos Alfredo Mejía Vargas fue sacado por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio Ciudad Modesto de Barranquilla.
La Fiscalía sostiene que los hoy procesados actuaron de manera coordinada tras acusar al cobrador de la empresa informal de préstamos “Soluciones Mano a Mano” de haberse apropiado de una suma que oscilaba entre 15 y 30 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente, los hombres llegaron armados a la residencia de la víctima, intimidaron a sus familiares y lo obligaron a abordar una motocicleta para trasladarlo hasta una vivienda del barrio Las Granjas, donde permaneció retenido durante varias horas.
Mientras estuvo privado de la libertad, los captores habrían exigido a sus familiares el pago de 15 millones de pesos para liberarlo. Al conocer que no contaban con ese dinero, presuntamente les plantearon entregar una vivienda mediante escritura pública como parte de la negociación, al tiempo que lanzaban amenazas contra la víctima y su núcleo familiar.
Las investigaciones también indican que durante el cautiverio Carlos Alfredo Mejía fue sometido a múltiples agresiones físicas y psicológicas con el propósito de que confesara el supuesto paradero del dinero. Entre los actos de violencia documentados por la Fiscalía figuran golpes con puños, patadas, tablas y tubos, además de agresiones con un arma de fuego y heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.
El preacuerdo deberá ser revisado y avalado por un juez de conocimiento para que quede en firme la condena pactada entre las partes.
