La Jueza Novena Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla ordenó medida de aseguramiento en detención domiciliaria contra Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otros cinco procesados, dentro del proceso que se sigue por el presunto secuestro y tortura de un cobrador de una empresa informal de préstamos.
La decisión también cobija a Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, quienes deberán permanecer en las viviendas que determine el Inpec mientras avanza el proceso judicial.
Durante la audiencia, la jueza fue enfática al recordarles el alcance de la medida de aseguramiento y les advirtió que no podrán abandonar el lugar donde cumplirán la detención.
“Tengan claro que esto es una medida de aseguramiento y de esa casa no pueden salir”, manifestó la togada al dirigirse a los seis imputados.
La funcionaria judicial también anunció que todos deberán portar un brazalete de vigilancia electrónica como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la medida y brindar protección a la víctima y a su núcleo familiar.
En su intervención, la jueza advirtió además que, si la Fiscalía aún no ha iniciado una investigación por el delito de extorsión, ordenará compulsar copias para que se adelante ese proceso, al considerar que los elementos de prueba conocidos durante la audiencia evidenciarían la posible configuración de ese delito.
Durante la diligencia judicial, los seis procesados aceptaron los cargos por secuestro simple y tortura. Asimismo, se informó que indemnizaron a la víctima y ofrecieron disculpas tanto a ella como a sus familiares, circunstancias que fueron tenidas en cuenta dentro del trámite procesal.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025. El ente acusador sostiene que los hoy procesados, junto con otras 16 personas, llegaron en varias motocicletas hasta una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, donde presuntamente irrumpieron para sacar por la fuerza a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien trabajaba como cobrador de la empresa informal de préstamos “Soluciones Mano a Mano”.
Según la hipótesis del ente investigador, el grupo señalaba a la víctima de haberse apropiado de una suma que oscilaría entre 15 y 30 millones de pesos pertenecientes a esa organización.
La Fiscalía aseguró que, tras intimidar con armas de fuego a los familiares del cobrador, los implicados lo obligaron a salir de la vivienda y posteriormente lo trasladaron contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas.
Las investigaciones indican que la víctima permaneció retenida durante varias horas, aproximadamente desde la una de la madrugada hasta el mediodía de ese mismo día, tiempo durante el cual habría sido sometida a constantes agresiones físicas y psicológicas para obligarla a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su paradero.
El ente acusador señaló que el hombre habría recibido golpes en diferentes partes del cuerpo con puños, patadas, tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes. Además, sostuvo que los responsables presuntamente ejercieron presiones sobre la familia de la víctima para exigir una importante suma de dinero o, como alternativa, la transferencia de una vivienda a nombre de uno de los implicados.
Con la imposición de la detención domiciliaria y el uso obligatorio de dispositivos electrónicos de vigilancia, el proceso continuará mientras las autoridades avanzan en la investigación de los hechos y en la eventual responsabilidad penal de los procesados.
