El grupo Keralty presentó oficialmente una demanda contra el Estado colombiano ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, exigiendo una indemnización por cinco billones de pesos. Según los accionistas de la compañía, esta medida responde a los daños y perjuicios ocasionados por la intervención de la EPS Sanitas en abril de 2024.
En un comunicado público, Keralty argumentó que, durante casi tres décadas, la EPS Sanitas operó bajo altos estándares de calidad y sostenibilidad financiera. Sin embargo, acusaron al Estado colombiano de incumplir compromisos financieros y de proceder con una intervención que calificaron como forzosa e injustificada.
Los accionistas indicaron que el Estado no cumplió con garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud, lo que habría llevado a la intervención de la EPS Sanitas. Asimismo, señalaron que los intentos por encontrar una solución en instancias locales fueron infructuosos, lo que los obligó a acudir al tribunal internacional.
“En la medida en que todos los esfuerzos realizados por los accionistas del grupo Keralty fueron infructuosos, los accionistas del grupo Keralty se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano”, indicó el documento.
En abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino a la EPS Sanitas alegando irregularidades. Según Keralty, esta medida generó un impacto negativo en la operación y sostenibilidad del sistema de salud.
Cabe destacar que la EPS Sanitas es propiedad de las firmas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, principales accionistas del grupo Keralty. Los demandantes han declarado que, de obtener una indemnización, destinarían los recursos al fortalecimiento de la EPS Sanitas y a mitigar los efectos del daño causado por la intervención.
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El proceso arbitral, que supera los cinco billones de pesos, podría tener importantes repercusiones en la relación del Estado colombiano con inversionistas extranjeros y en el modelo del sistema de salud nacional. Por ahora, el tribunal internacional deberá analizar los argumentos de ambas partes en este caso que pone en el foco las tensiones entre el sector privado y la regulación estatal en Colombia.
