Hasta un 60 % de reducción de penas, entre 5 y 8 años de cárcel para altos mandos, y la posibilidad de conservar el 12 % de los bienes ilícitos son algunos de los beneficios incluidos en el texto de la Ley de Sometimiento, cuya ponencia positiva fue radicada en la Comisión Primera de la Cámara.
La iniciativa, presentada por el representante Alirio Uribe y respaldada por sectores de La U y Comunes, busca crear el marco jurídico para avanzar en la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que incluye al menos dos procesos de paz activos y siete mesas de diálogo con distintos grupos armados.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el manejo de bienes ilegales. El articulado permitiría que quienes se sometan a la justicia puedan conservar hasta el 12 % de los bienes obtenidos ilícitamente, siempre que entreguen un inventario completo y estos sean auditados por la SAE. El resto sería destinado a la reparación de víctimas.
Sectores de oposición cuestionaron duramente esta propuesta. El representante José Jaime Uscátegui calificó el beneficio como “una afrenta a las víctimas” y pidió archivar el proyecto, señalando que permite a criminales quedarse con recursos producto de sus delitos.
El texto también contempla rebajas de penas de hasta el 60 %. Con esta disminución, los altos mandos de organizaciones criminales pagarían entre 5 y 8 años de prisión; y entre 2 y 5 años quienes no hayan sido cabecillas, pero sí participaran en delitos graves o violaciones de derechos humanos.
Además, se abre la puerta a la participación de exintegrantes de grupos paramilitares que hoy son gestores de paz, como Salvatore Mancuso, “Jorge 40” y “Don Berna”, así como de disidencias de las Farc, incluso de quienes reincidieron tras el Acuerdo de La Habana.
Requisitos para acceder a los beneficios
Los grupos armados deberán cumplir con condiciones verificables por el Estado, entre ellas:
• Desmovilización y entrega total de armas.
• Entrega de los bienes provenientes de economías ilícitas.
• Liberación inmediata de menores de edad vinculados.
• Renuncia a actividades criminales y a economías ilegales.
• No tener secuestrados en su poder.
• Firma individual de aceptación de condiciones.
La discusión del proyecto está pendiente en la Comisión Primera, donde se enfrentará a una ponencia de archivo impulsada por la oposición.
