En una firme declaración institucional, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella cerró tajantemente cualquier posibilidad de negociación o intercambio de prisioneros con la guerrilla del ELN, tras la confirmación por parte de esa estructura criminal del secuestro del mayor de la Policía Fredy Alexis Russi González, los patrulleros de la DIJIN Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, y la ciudadana Angi Jácome. El Ejecutivo fue categórico al señalar que la libertad y la vida de los colombianos no serán utilizadas como moneda de cambio bajo ninguna circunstancia.
Despliegue de la Fuerza Pública y postura frente al terrorismo
Rechazo absoluto al canje e intensificación operacional: Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen la orden de despliegue máximo de sus capacidades tácticas e inteligencia, vigente desde el pasado 17 de agosto, para ubicar el paradero de los cuatro secuestrados y lograr su liberación inmediata, sana y salva, sin aceptar condicionamientos por parte del grupo armado.
Ofensiva total contra estructuras y cabecillas: El Gobierno advirtió que cada acto de terrorismo, secuestro o ataque contra la Fuerza Pública recibirá una respuesta militar contundente dentro del marco de la Constitución y la ley. No se permitirán zonas vedadas ni refugios seguros para las estructuras del ELN en el territorio nacional.
Juzgamiento y peso de la ley: Las autoridades enfatizaron que la capacidad operacional legítima del Estado se empleará de manera coordinada para perseguir, neutralizar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad.
La postura oficial ratifica la doctrina de seguridad y autoridad del Estado, rechazando chantajes de organizaciones al margen de la ley y priorizando la recuperación de los secuestrados mediante la acción firme de la Fuerza Pública.
