La decisión oficial busca desmontar la arquitectura jurídica de la política de Paz Total y hacer efectivas las ordenes judiciales contra mandos de las disidencias de las FARC y del ELN.
El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Abelardo De La Espriella, confirmó el inicio del proceso formal para revocar los estatus de gestores y voceros de paz concedidos durante la administración anterior a más de 30 máximos mandos de grupos armados al margen de la ley.
La medida instruye al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se pongan nuevamente en marcha las órdenes de captura de manera inmediata en todo el territorio nacional. La lista de solicitudes judiciales la encabeza Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, máximo jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC.
DATOS DE LA MEDIDA JUDICIAL DETALLE OPERATIVO
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Población objetivo Más de 30 cabecillas con estatus de gestores o voceros de paz
Estructuras impactadas Disidencias FARC (Bloque Calarcá/Mordisco), ELN y Clan del Golfo
Acción coordinada Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares y Policía
Eje estratégico Desmonte de acuerdos de Paz Total y foco en sometimiento a la justicia
Giro en la política de seguridad y defensa
Con este mandato, el Ejecutivo ratifica el fin de la estrategia de negociación directa y congelamiento de acciones judiciales, estableciendo que la única alternativa para estas estructuras será la persecución militar o el sometimiento a la justicia ordinaria:
- Levantamiento de suspensiones: La Cancillería y el Ministerio de Justicia notificarán a los jueces y altas cortes el desmonte de las resoluciones administrativas que mantenían suspendidas las capturas.
- Ofensiva en territorio: Se ordenó a las Fuerzas Militares desplegar operaciones de control territorial en los principales bastiones de las disidencias en el sur y occidente del país.
- Revisión de resoluciones: Un equipo especial jurista revisará caso por caso las asignaciones de gestorías de paz para garantizar que no existan inconsistencias legales en las capturas vigentes.
