El ministro de Justicia, Iván Cancino González, encabezó una mesa de trabajo con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, representantes de Claro, WOM y otros operadores de telefonía móvil, con el propósito de revisar el funcionamiento de los sistemas destinados a impedir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
“Desde prisión no se puede seguir ordenando el delito”, fue el mensaje utilizado por el Ministerio de Justicia para resumir el objetivo de la reunión.
La discusión se concentró en tres puntos: establecer qué mecanismos de bloqueo existen actualmente en las cárceles, determinar si realmente están funcionando como deberían e identificar los problemas técnicos y operativos que permiten que algunos internos continúen utilizando teléfonos celulares y redes móviles de manera ilegal.
El Gobierno sostuvo que durante la reunión se definieron compromisos encaminados a buscar nuevas alternativas tecnológicas. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado cuáles serán las soluciones específicas, en qué establecimientos comenzarán a aplicarse ni cuándo entrarán en funcionamiento.
Un problema que lleva años sin solución definitiva
El control de las comunicaciones celulares dentro de las cárceles no es un problema nuevo para Colombia. Durante diferentes gobiernos se han anunciado sistemas de bloqueo e inhibición de señal, pero su funcionamiento ha enfrentado dificultades técnicas y operativas.
A comienzos de 2026, el entonces Ministerio de Justicia anunció intervenciones en los sistemas de bloqueo de establecimientos como Cómbita, Valledupar y La Dorada, después de reconocer que desde 2012 no se habían realizado intervenciones de fondo sobre parte de esta infraestructura.
En marzo, el INPEC también expidió una circular con instrucciones relacionadas con el control, seguimiento, seguridad y verificación de los sistemas de bloqueo e inhibición instalados en los establecimientos penitenciarios.
La nueva mesa convocada por el ministro Cancino pone nuevamente el problema sobre la agenda nacional y, esta vez, con la participación directa de las empresas encargadas de prestar el servicio de telefonía móvil.
Más de 15.000 celulares incautados
Los operativos realizados durante este año muestran la dimensión del problema.
En enero de 2026, las autoridades adelantaron un operativo simultáneo en los 124 establecimientos de reclusión del orden nacional, en el que fueron incautados 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM, además de armas blancas, sustancias ilícitas, dinero y otros elementos prohibidos.
El acumulado resulta todavía más significativo. Según cifras del Ministerio de Justicia, entre 2023 y enero de 2026 se realizaron más de 2.600 operativos en establecimientos penitenciarios, durante los cuales fueron decomisados aproximadamente 15.600 teléfonos celulares.
Para el Gobierno, la preocupación va mucho más allá de la violación de las normas penitenciarias. Un teléfono dentro de una prisión puede convertirse en una herramienta para mantener contacto con integrantes de organizaciones criminales que permanecen en libertad y, particularmente, para coordinar extorsiones.
El desafío: bloquear sin afectar a los ciudadanos
Uno de los principales obstáculos es tecnológico.
La instalación de un inhibidor no garantiza por sí sola que desaparezcan las comunicaciones ilegales. El sistema debe ser capaz de restringir las conexiones de los dispositivos no autorizados dentro del establecimiento sin generar afectaciones indiscriminadas sobre los usuarios que viven o trabajan en las zonas cercanas.
Además, los equipos requieren mantenimiento, supervisión y monitoreo permanente.
Ese es precisamente uno de los aspectos que ahora busca revisar el Gobierno con los operadores móviles: determinar por qué los mecanismos existentes no han logrado impedir completamente el uso ilegal de celulares dentro de las cárceles y qué soluciones podrían implementarse para cerrar esos vacíos.
La apuesta contra la extorsión
La estrategia hace parte de una ofensiva más amplia anunciada por la administración de De La Espriella contra la extorsión y las estructuras criminales.
El Gobierno también ha planteado la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, con participación de diferentes entidades del Estado.
En ese contexto, cortar las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios aparece como uno de los objetivos centrales. La intención es impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como puntos de coordinación de actividades criminales hacia el exterior.
El interrogante ahora está en la capacidad del Gobierno para convertir los compromisos anunciados en resultados concretos: ¿cuándo estarán funcionando los nuevos mecanismos?, ¿en qué cárceles serán implementados primero?, ¿qué tecnología se utilizará y cómo se garantizará que no afecte a los usuarios que viven alrededor de los centros penitenciarios?
Por ahora, el Gobierno asegura que la orden es clara: las cárceles no pueden seguir siendo utilizadas como centros de mando para ordenar delitos desde prisión.
