La Ley de Rescate Fiscal concentra la mayor presión por sus efectos tributarios. Otras iniciativas, como el Estatuto Antiterrorista y la Ley Antimermelada, también tienen pendientes en el Congreso.
A un mes de que termine el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Gobierno de Abelardo De La Espriella enfrenta el reto de sacar adelante varios proyectos de su agenda legislativa. La fecha límite es el 16 de diciembre y algunas iniciativas tienen un trámite que difícilmente podrán completar antes del receso parlamentario.
La mayor preocupación del Ejecutivo está en la Ley de Rescate Fiscal, una propuesta que ha generado controversia por los cambios en el IVA y sus posibles efectos sobre el bolsillo de los colombianos.
Ley de Rescate Fiscal, la carrera contra el calendario
El proyecto fue radicado el 4 de noviembre y propone modificaciones tributarias que incluyen una tarifa de IVA del 19 % para productos y servicios que actualmente están excluidos o gravados con tarifas inferiores.
Entre los sectores y productos alcanzados por la propuesta aparecen alimentos como granos, café, frutas y verduras, además de servicios de medicina prepagada y compras digitales.
La iniciativa también contempla reducir la tarifa de renta empresarial hasta el 31 %. Sin embargo, las mayores dudas se concentran en el impacto que tendría el aumento de impuestos al consumo y en los mecanismos de devolución del IVA planteados por el Ministerio de Hacienda.
El proyecto todavía debe avanzar en su discusión dentro de las comisiones económicas del Congreso. La definición de cuáles comisiones asumirán su estudio también hace parte de las diferencias alrededor de su trámite.
Si la reforma no consigue aprobación antes de finalizar 2026, varios de sus componentes tributarios tendrían que esperar hasta 2028 para entrar en vigor, debido a las reglas constitucionales sobre la aplicación de nuevos impuestos.
Ley de Competitividad o Antitrámites
Otra iniciativa del Gobierno es la Ley de Competitividad, promovida por el Ministerio de Comercio. El proyecto ya superó su primer debate y busca eliminar, simplificar y modificar trámites que ciudadanos y empresas deben realizar ante las entidades públicas.
A diferencia de la reforma fiscal, esta propuesta tiene un calendario menos apretado, pues puede continuar su trámite legislativo durante el próximo año.
Estatuto Antiterrorista
El Gobierno también prepara un Estatuto Antiterrorista que pretende establecer un marco jurídico para combatir organizaciones armadas ilegales y economías ilícitas.
Entre sus propuestas está la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, que permitiría congelar activos en menos de 24 horas y establecer inhabilidades para contratar con el Estado.
La iniciativa ha despertado cuestionamientos por los posibles efectos de algunas de sus disposiciones sobre el derecho a la protesta. Aunque recibió el aval del Consejo de Política Criminal, todavía no había sido radicada oficialmente ante el Congreso, según la información disponible.
Ley Antimermelada
El cuarto proyecto es una reforma constitucional conocida como Ley Antimermelada, que busca establecer nuevas reglas para la relación entre los congresistas y la ejecución de recursos públicos.
La propuesta permitiría que los legisladores presenten iniciativas de inversión regional mediante un registro público, pero les impediría intervenir en los procesos de adjudicación, contratación y ejecución de esas obras.
El texto también contempla que los congresistas puedan defender los intereses de gremios y sectores económicos que hayan respaldado sus campañas.
Por tratarse de una reforma constitucional, necesita superar ocho debates en el Congreso para convertirse en norma.
El Gobierno podría convocar sesiones extras
Aunque las sesiones ordinarias terminan el 16 de diciembre, el Ejecutivo tiene la posibilidad de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para continuar la discusión de proyectos considerados prioritarios.
La atención está puesta especialmente en la reforma fiscal, cuyo calendario legislativo condiciona la posibilidad de aplicar sus medidas tributarias durante 2027.
El Ministerio del Interior tendrá la responsabilidad de coordinar las gestiones políticas para conseguir respaldo a las iniciativas del Gobierno y evitar que su agenda quede aplazada para el siguiente periodo legislativo.









