En el marco de la estrategia departamental para consolidar el orden, la seguridad y la efectividad de las instituciones en el territorio, la Gobernación del Atlántico realizó la entrega de una nueva flotilla de vehículos especializados a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana. La inversión, canalizada a través de los recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, busca optimizar las labores de investigación criminal, judicialización y operatividad en los municipios del departamento.
Dotación operativa, respaldo institucional y fortalecimiento de la justicia
Entrega de necromóviles para procedimientos judiciales: Se pusieron en servicio dos vehículos tipo necromóvil —uno asignado a la Fiscalía General y otro a la Policía del Atlántico— destinados a agilizar los procesos de investigación en campo y garantizar el manejo y traslado digno de personas fallecidas.
Unidades operativas y de transporte seguro: La entrega incluyó un vehículo tipo panel para la Policía del Atlántico, diseñado bajo especificaciones de seguridad para el traslado de personas capturadas; un vehículo encubierto para tareas de investigación criminal y un carro canasta para el mantenimiento e infraestructura de la Fuerza Aérea Colombiana.
Compromiso del gobierno departamental: El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ratificó que el uso de los fondos de seguridad está orientado a dotar a los investigadores y a la Fuerza Pública de herramientas de alto nivel para erradicar el delito y proteger a las familias atlanticenses.
Respaldo de los mandos policiales: El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Rubén Berrío, valoró el apoyo logístico del gobierno departamental y señaló que estos automotores permitirán intensificar la presencia disuasiva, los controles de seguridad y la atención de requerimientos judiciales en todo el departamento.
Con este fortalecimiento logístico, las autoridades territoriales alinean sus esfuerzos con la política de seguridad y rigor institucional, dotando al aparato de justicia y a la Fuerza Pública de las capacidades necesarias para combatir la criminalidad y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en la región
