La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta presentó una adición al auto mediante el cual había solicitado la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, aclarando que la medida no puede hacerse efectiva de manera automática y que debe ser sometida a votación en la Comisión de Investigación y Acusación.
La rectificación se produjo pocas horas después de que el documento inicial desatara una intensa controversia política y jurídica en todo el país. En la nueva actuación, la congresista precisó que el procedimiento debe ajustarse a lo establecido en la ley, por lo que la solicitud deberá ser discutida y votada por la Comisión antes de avanzar a otras instancias.
Con la aclaración, se descarta la interpretación inicial según la cual la medida podría surtir efectos inmediatos o ser remitida directamente al Senado sin agotar los trámites previos.
De prosperar la solicitud dentro de la Comisión de Acusaciones, el asunto podría continuar su curso en el Congreso, instancia que tendría la competencia para estudiar los pasos posteriores dentro del procedimiento constitucional correspondiente.
Petro rechaza la solicitud
Desde Nueva York, donde participa en actividades oficiales ante la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Petro rechazó la iniciativa y aseguró que no existe ninguna suspensión efectiva en su contra.
“La Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista (…) que ha pedido ante la Comisión que se me suspenda, eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase”, afirmó el mandatario.
Petro sostuvo además que, en su criterio, la Comisión de Acusaciones no tiene la facultad de suspender directamente al presidente de la República y argumentó que cualquier decisión de esa naturaleza tendría que ajustarse a los procedimientos previstos por la Constitución.
El episodio ha profundizado el debate sobre las competencias de la Comisión de Investigación y Acusación, el alcance de las medidas cautelares contra el jefe de Estado y los mecanismos constitucionales aplicables en este tipo de procesos.
Mientras tanto, distintos sectores políticos continúan analizando las implicaciones jurídicas de la actuación de Arizabaleta, que ya motivó denuncias y fuertes cuestionamientos desde la oposición, así como críticas y respaldos desde diferentes corrientes políticas del país.
