La determinación se produce en medio de la investigación anunciada por la Fiscalía General de la Nación, que prepara una imputación contra el oficial por hechos relacionados con la presunta liberación de un hombre señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y que había sido capturado en el Cauca.
El caso abrió un nuevo capítulo dentro de la carrera del alto oficial, debido a que la Fiscalía busca establecer si Mejía habría impartido instrucciones para que el detenido fuera dejado en libertad y bajo qué circunstancias se produjo esa actuación.
Por ahora, la permanencia del general en el servicio activo no implica que exista una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales una vez avance el proceso.
La decisión de las Fuerzas Militares consiste en mantenerlo vinculado institucionalmente, pero sin funciones directas de mando o dirección, mientras se desarrolla la investigación.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El expediente está relacionado con un procedimiento realizado en el departamento del Cauca, en el que fue capturada una persona señalada de tener vínculos con el narcotráfico.
La Fiscalía pretende esclarecer si existió una orden superior para permitir su liberación y si dicha instrucción fue impartida por el general Mejía.
Durante la etapa de imputación, el ente acusador deberá presentar ante un juez los hechos que atribuye al oficial y explicar los elementos de prueba que sustentan su investigación.
A partir de ese momento, la defensa tendrá la posibilidad de controvertir las acusaciones y presentar sus propios argumentos dentro del proceso.
Permanecerá activo, pero sin dirigir tropas
El cambio de funciones implica que el general continuará formando parte de la institución, pero quedará temporalmente alejado de las posiciones que impliquen conducción directa de unidades, operaciones o personal militar.
La medida adquiere relevancia por tratarse de un oficial de alto rango que ha ocupado responsabilidades operacionales dentro de las Fuerzas Militares.
Mientras avanza el proceso, las autoridades deberán determinar si los hechos investigados constituyen una conducta penal y cuál fue exactamente el nivel de participación del oficial.
Por ahora, el caso permanece en manos de la justicia y será el desarrollo de la investigación el que permita establecer si las acusaciones de la Fiscalía terminan derivando en una responsabilidad judicial o si, por el contrario, el general logra desvirtuar los señalamientos.
La controversia vuelve a poner bajo la lupa los procedimientos de captura y manejo de personas señaladas de pertenecer a redes del narcotráfico, así como los protocolos que deben seguir los mandos militares frente a este tipo de operaciones.
