La Fiscalía General de la Nación revocó la suspensión de las capturas de 31 miembros del ELN, reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros para la mesa de diálogos de paz.
La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó este martes los beneficios de suspensión de las órdenes de captura para 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes fueron reconocidos por el Gobierno Nacional como representantes en el proceso de paz. La decisión responde a la gravedad de los actos criminales perpetrados por esta organización en la región del Catatumbo, que contradicen su compromiso con el diálogo y el proceso de paz.
Desde el 16 de enero de 2025, el ELN ha intensificado su accionar violento, originando una crisis humanitaria y cometiendo múltiples delitos que han afectado a la población civil y a líderes sociales. Estos hechos fueron atribuidos al grupo armado, como lo reconoció públicamente Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo líder del ELN, y el cabecilla del Frente de Guerra Nororiental, Gregorio Manuel Pérez Martínez, en varias comunicaciones entre el 17 y el 19 de enero.
La decisión fue tomada tras el incumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión de las órdenes de captura, además de la reactivación de actividades delictivas por parte de los miembros del ELN. La Resolución 00015 de 2025, emitida por la Fiscalía General, especifica que la reactivación de las órdenes de captura se fundamenta en la comisión de nuevos delitos, lo que hace que la suspensión ya no sea válida, conforme a la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional.
Entre los líderes del ELN cuyas órdenes de captura han sido reactivadas se encuentran figuras de alto rango como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, y Gustavo Martínez, entre otros.
La decisión fue comunicada a la Presidencia, al Consejero para la Paz y a las autoridades de policía judicial, quienes deberán ejecutar las capturas en el marco de sus competencias.
Con este paso, la Fiscalía busca garantizar la justicia y la seguridad en las regiones afectadas por el accionar del ELN, al tiempo que se reitera el compromiso del Estado en la lucha contra las estructuras criminales que amenazan la estabilidad del país.
