Se indaga la presunta responsabilidad de la vicepresidenta y otros funcionarios en seis casos de financiamiento ilegal.
La Fiscalía General de la Nación ha desvelado que lleva a cabo seis investigaciones relacionadas con el escándalo de la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, y entre los implicados se encuentra la vicepresidenta Francia Márquez, junto al ministro de Salud Guillermo Jaramillo.
Según ha trascendido a través de un medio nacional, la Fiscalía 6ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia está investigando a la viceministra Márquez por presunta financiación de campañas electorales con recursos prohibidos.
«La fiscalía investiga presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas de la candidatura presidencial de Gustavo Francisco Petro Urrego y vicepresidencial de Francia Elena Márquez Mina”, señala el documento oficial.
De manera similar, se vincula bajo este mismo concepto al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien habría permitido presuntamente el traslado irregular de candidatos del Partido Pacto Histórico en avionetas de la empresa Sociedad.
Otra línea de investigación se centra en la donación supuestamente realizada por la federación colombiana de trabajadores de la educación (Fecode) a la campaña de Petro por un monto de 500 millones de pesos, lo que podría constituir el delito de financiación de campañas electorales con fuentes no autorizadas.
Agentes de policía judicial han llevado a cabo inspecciones a Fecode y han realizado análisis financieros y contables relacionados con los aportes a la campaña de 2022.
En otro frente, se investiga al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Alberto Benedetti Villaneda, por presunta financiación ilegal de campañas electorales. Este caso está relacionado con audios del embajador dirigidos a exfuncionarios gubernamentales en los que se mencionan posibles actos de corrupción en el actual gobierno.
Por último, la Unidad Especializada contra la Corrupción está investigando un presunto aporte de 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) a la campaña política.
