La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, por su presunta responsabilidad en la ocultación de aportes económicos de la multinacional brasileña Odebrecht y otros gastos electorales.
La investigación señala que Prieto habría omitido reportar un millón de dólares destinados a servicios de marketing político y encuestas durante la campaña de reelección de Santos para el periodo 2014-2018. Por estos hechos, la Fiscalía le atribuyó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Según la delegada del ente acusador, el 25 de junio de 2014 Prieto presentó ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral los informes de ingresos y gastos de la campaña, sin incluir los pagos relacionados con los servicios prestados por la empresa Paddington Venture Limitada.
La Fiscalía sostuvo que esa compañía ejecutó, entre marzo y mayo de 2014, actividades de marketing político y encuestas para medir el posicionamiento electoral de Santos. Por esos servicios se habría realizado un pago de un millón de dólares, en operaciones efectuadas el 28 de abril y el 26 de mayo de ese año.
El ente investigador también afirmó que los informes presentados habrían permitido solicitar y obtener la reposición de votos sin que se reflejaran todos los gastos y aportes recibidos durante la campaña.
Fiscalía señala incremento patrimonial de más de $13.461 millones
En relación con el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, la Fiscalía aseguró que Prieto habría generado un incremento patrimonial injustificado a favor del Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, por más de 13.461 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, ese incremento estaría relacionado con documentos en los que se habrían omitido ingresos y gastos de la campaña presidencial, particularmente los vinculados con Odebrecht.
Durante la audiencia, la defensa solicitó aclaraciones sobre la imputación y pidió que no se declarara su legalidad. Ante estas solicitudes, el juzgado aplazó la diligencia para el próximo miércoles 11 de noviembre, fecha en la que deberá adoptar una decisión de fondo.
La imputación de cargos no equivale a una condena. La responsabilidad penal de Roberto Prieto deberá establecerse dentro del proceso judicial.
