La Fiscalía General de la Nación informó que radicó dos solicitudes de formulación de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por los presuntos delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias.
Según el ente acusador, una de las imputaciones está relacionada con la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa se desempeñó como gerente, y que habría superado los límites legales de financiación establecidos por la normativa electoral.
Violación de topes de campaña
El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña presidencial incurrió en la superación de los topes de gasto y omitió reportar aportes provenientes de sindicatos y partidos políticos, lo que derivó en sanciones económicas.
Como resultado, Ricardo Roa, junto con la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar de manera solidaria una multa superior a 5.900 millones de pesos, de acuerdo con la decisión del organismo electoral.
Asimismo, los partidos Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionados de manera individual con multas cercanas a los 583 millones de pesos cada uno, por su participación en la coalición oficialista.
Investigación por tráfico de influencias
La segunda imputación anunciada por la Fiscalía está relacionada con un presunto caso de tráfico de influencias, que tendría que ver con la supuesta compra irregular de un apartamento de alto valor en Bogotá.
De acuerdo con el ente investigador, los hechos involucran a Juan Guillermo Mancera, quien habría sido beneficiado con un contrato en Ecopetrol y que, previamente, habría participado en una transacción inmobiliaria con Ricardo Roa.
“Se investiga un posible tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento”, indicó la Fiscalía.
Con estas actuaciones, el proceso entra en una nueva fase judicial, a la espera de que se programe la audiencia de imputación y se definan las decisiones correspondientes por parte de las autoridades competentes.
