En un hecho judicial de gran calado, la Fiscalía General de la Nación, a través de un documento oficial de 11 páginas suscrito por la Fiscal 51 de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación formal en contra del expresidente Gustavo Petro Urrego. El requerimiento penal se relaciona directamente con el caso del niño Kevin Arley Acosta, un menor de siete años diagnosticado con hemofilia tipo A severa, quien falleció el 13 de febrero de 2026 tras severas fallas en el suministro de sus medicamentos e intervenciones médicas.
Fundamentos de la compulsa, cargos penales y responsabilidad institucional
Tipificación de delitos penales: La compulsa de copias requiere al órgano competente investigar la presunta comisión de los delitos de violación de datos personales agravado —bajo circunstancias de mayor punibilidad— y homicidio culposo. La Fiscalía determinó, sobre la base del material probatorio recaudado, que existen inferencias razonables de que el exmandatario habría incurrido en conductas sancionadas por la ley penal.
Uso indebido de información reservada y señalamientos a la familia: Según detalla el escrito fechado en agosto de 2026, el entonces jefe de Estado hizo uso público y no autorizado de apartes de la historia clínica del menor tras confirmarse su deceso. En sus intervenciones públicas, el exmandatario intentó desligar la responsabilidad de la intervenida Nueva EPS trasladando la culpa a la madre del menor, señalando que los incidentes derivaron de desplazamientos geográficos hacia Santander o actividades del niño como montar en bicicleta.
Justificación de fallas operativas en la Nueva EPS: El ente investigador cuestionó severamente la postura oficial que buscó endilgar supuestas omisiones o negativas a intervenciones quirúrgicas a la madre del niño, con el presunto fin de encubrir el desabastecimiento, la mala gestión administrativa y la negligencia en la entrega de tratamientos de alta complejidad por parte de la EPS bajo control estatal.
El expediente pasa ahora a manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa que deberá nombrar un representante investigador para determinar si existen méritos penales y políticos para avanzar hacia una acusación formal en el Congreso de la República.
