La firma de abogados De La Espriella Lawyers anunció acciones legales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, luego de que la congresista cuestionara un presunto conflicto de interés relacionado con el director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.
La controversia gira alrededor de la actuación de Velásquez como abogado de De La Espriella Lawyers Enterprise SAS en un trámite de facilidad de pago ante la autoridad tributaria, antes de asumir la dirección de esa entidad.
Carrascal denunció que la firma tenía obligaciones tributarias cercanas a los 1.300 millones de pesos por concepto de IVA y retenciones en la fuente. También cuestionó que el abogado que habría gestionado el acuerdo de pago para la compañía terminara posteriormente al frente de la DIAN.
En un comunicado, De La Espriella Lawyers rechazó las afirmaciones de la congresista y sostuvo que habría difundido información que no corresponde a la realidad de los hechos. La firma anunció que acudirá a las instancias legales y pidió investigar cómo información relacionada con el trámite tributario llegó a conocimiento de terceros.
La compañía también argumentó que las actuaciones cuestionadas se realizaron durante la administración anterior y que el actual director de la DIAN no tenía competencia para aprobar esos acuerdos ni revisar los expedientes.
¿Qué respondió la DIAN?
La entidad tributaria informó que la solicitud de facilidad de pago de la firma fue presentada y aprobada durante el gobierno anterior, por funcionarios de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
Además, precisó que Andrés Felipe Velásquez asumió el cargo el 12 de agosto de 2026 y que la aprobación de facilidades de pago no está entre sus competencias como director general. La DIAN también indicó que los expedientes de cobro están sometidos a reserva legal.
Por ahora, el anuncio de la firma no significa que exista una decisión judicial contra Carrascal. La controversia enfrenta los cuestionamientos de la congresista sobre el trámite tributario y la respuesta de la empresa, que considera que sus declaraciones afectan su reputación y podrían comprometer información protegida por reserva legal.









