El exviceministro de Justicia y exsuperintendente delegado de Industria y Comercio, Pablo Felipe González, pidió públicamente que el presidente Gustavo Petro responda por una multa que, según afirmó, hoy supera los $800 millones entre capital e intereses.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, González recordó que la sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2014, cuando Petro era alcalde de Bogotá, por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia relacionadas con el esquema de recolección de basuras en la capital.
Al presidente @petrogustavo le pregunto. Ahora que va a salir de la presidencia, sí va a pagar los más de 500 millones de pesos MÁS intereses moratorios de multa que le impuso en 2014 la @sicsuper como persona natural por prácticas restrictivas de la libre competencia en el… pic.twitter.com/wdQrzdevBH
— Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) August 5, 2026
El exfuncionario aseguró que durante su administración en la SIC, en 2018, se ordenó el embargo de la sexta parte del salario que Petro devengaba como senador, medida que —según indicó— continuó aplicándose durante el periodo en que el hoy mandatario ocupó una curul en el Congreso, entre 2018 y 2022.
Sin embargo, González afirmó que, una vez Petro asumió la Presidencia, el proceso de cobro coactivo fue trasladado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, situación que, en su criterio, impidió continuar con el recaudo de la obligación.
En su declaración, cuestionó la actuación de las exsuperintendentes de Industria y Comercio María del Socorro Pimiento y Cielo Rusinque, al señalar que permitieron el traslado del expediente y que durante el actual gobierno no se adelantaron medidas para cobrar la sanción ni se ordenó el embargo del salario presidencial.
El exviceministro sostuvo que el próximo superintendente de Industria y Comercio, designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, deberá gestionar el retorno del expediente a la SIC para reactivar el proceso de cobro.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Industria y Comercio y las exfuncionarias mencionadas no se han pronunciado sobre las afirmaciones realizadas por Pablo Felipe González. Tampoco existe un pronunciamiento oficial que confirme el monto actualizado de la obligación mencionada por el exfuncionario.
