Así lo decidió el alto tribunal luego de estudiar el caso de una joven de nacionalidad venezolana que la echaron de su trabajo informal por estar embarazada.
Por lo anterior, aquellas migrantes en estado de embarazo que se encuentren en el territorio nacional de manera irregular, es decir, indocumentadas, tiene derecho a la estabilidad y seguridad laboral, tal como lo determinó la Corte Constitucional, al estudiar el caso de una joven venezolana migrante, en situación irregular, que fue despedida de su empleo informal por estar en embarazo, situación que la llevó a acudir mediante una tutela en la cual argumentó que su patrono vulneró su derecho al trabajo y seguridad social.
El caso fue revisado atentamente por la Corte, donde llegó a constatar que, aunque se había acreditado la existencia de una relación laboral entre ella y su empleador, el mismo no garantizó para que la empleada tuviera un empleo digno, concluyendo que la mujer en estado de embarazo no podía ser despedida porque estaba embarazada y “protegida por el fuero de maternidad”.
A pesar de estar en calidad de migrante indocumentada y en embarazo, “ni ella ni su bebé pudieron acceder a la atención básica durante la maternidad (…) no recibió ningún tipo de protección por parte del Estado, lo cual, lamentablemente, perpetuó una situación de discriminación y desigualdad”.
Sostiene la Corte, que situaciones como la que esta mujer venezolana afrontó podrían repetirse por cuanto actualmente no existe una normatividad que permita a los ciudadanos extranjeros, en condición irregular, acceder a empleo en “condiciones de aseguramiento”.
“Circunstancias como las que rodean el caso, objeto de estudio, muestran que la realidad social del país es otra y que la responsabilidad primigenia en la protección de los derechos humanos debe provenir de medidas gubernamentales adecuadas que permitan garantizar de manera efectiva dichos derechos, particularmente, a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, dijo la Corte.
Por lo cual, la Corte señaló que es obligación de los empleadores “garantizar las condiciones laborales adecuadas a todos sus empleados”, incluyendo los migrantes en situación irregular.
