El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, aseguró que la intervención del Gobierno nacional en Air-e era previsible, dada la complicada situación financiera que enfrenta la empresa, que pone en riesgo el suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Acosta calificó la situación de “punta del iceberg”, destacando que varias empresas de energía están lidiando con dificultades financieras debido a diversos factores. Recordó que las compañías enfrentan una deuda cercana a $5 billones por concepto de opción tarifaria, y el Gobierno aún no ha cumplido con su compromiso de asumir dicha deuda para los estratos 1, 2 y 3.
“A eso se suma la demora del Gobierno para pagar los recursos de los subsidios. Estos ya han sido concebidos a los usuarios a través de las facturas y deben ser reintegrados. El Ministerio de Minas ha dicho que se han liquidado esos subsidios y están a la espera del giro de Minhacienda. Las empresas no tienen la caja para esperar”, agregó.
Además, criticó la demora del Gobierno en el pago de subsidios ya concedidos a los usuarios a través de las facturas, que aún están pendientes de giro desde el Ministerio de Hacienda. Las empresas, según Acosta, no tienen los recursos para esperar estos pagos.
“Una vez decidida la intervención, la empresa está en cabeza del Gobierno nacional y de la Superintendencia de Servicios Públicos garantizarle, a los usuarios del servicio, la prestación del mismo en condiciones de eficiencia, calidad y continuidad por lo más da la ley”, explicó el experto en temas energéticos.
El experto explicó que la intervención de Air-e comenzó con la aprobación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), y que la Superintendencia de Servicios Públicos deberá evaluar la situación y tomar una decisión. Subrayó que el principal reto para el interventor será asegurar los recursos necesarios para pagar a los generadores de energía y garantizar la seguridad energética en las regiones afectadas.
