El gobernador Eduardo Verano, Álvaro Echeverry Uruburu, Eduardo Espinosa Facio-lince y Lorenzo Muelas compartieron con el auditorio qué los llevó a ser miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, aportes y criticas actuales.
El Panel Central ‘La autonomía territorial en la Constitución de 1991’, realizado bajo la moderación de Jesús Pérez Benito, gerente de la RAP Caribe, se convirtió en un espacio de reflexión profunda sobre los alcances, vacíos y retos que aún persisten en el ordenamiento territorial colombiano.
La jornada reunió a figuras clave de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como los exconstituyentes Álvaro Echeverry Uruburu, Eduardo Espinosa Facio-lince y Lorenzo Muelas, junto al gobernador del Atlántico y también exconstituyente, Eduardo Verano, quienes compartieron sus experiencias, diagnósticos y propuestas en torno a la autonomía regional.
El gobernador Verano abrió el debate evocando la trascendencia de los artículos 306 y 307 de la Carta Política, que reconocen a Colombia como un país de regiones y abren la posibilidad de que estas se conviertan en entidades territoriales.
Recordó cómo, en el proceso constituyente, fue instruido a leer a Ferdinand Lassalle, quien sostenía que “los problemas constitucionales no son problemas de derecho, sino son problemas de poder”. Con esa premisa, Verano insistió en que una constitución debe transformar la realidad y no limitarse a ser un documento formal.
Subrayó que la equidad y la felicidad de los ciudadanos solo pueden alcanzarse mediante la paz y el consenso, herramientas indispensables para armonizar las fuerzas sociales y políticas en la búsqueda del progreso y la reducción de la pobreza.
El exconstituyente Lorenzo Muelas, representante indígena en la Asamblea del 91, recordó que junto a Francisco Rojas Birry y Alfonso Chepe Peña enfrentaron la resistencia del gobierno de la época para reconocer el derecho indígena, logrando su aprobación en las últimas horas de la Constituyente gracias al apoyo de figuras como Verano.
Muelas relató cómo, antes de 1991, los pueblos indígenas eran considerados “salvajes” y “menores de edad” por la Constitución de 1886 y la Ley 89 de 1890, lo que los condenaba a la pobreza y a la pérdida de sus tierras. Denunció el papel de la Iglesia Católica en el Concordato de 1887, que durante un siglo legitimó la expropiación de territorios indígenas.
Con vehemencia, pidió que la Iglesia responda por esos actos y reclamó al gobierno actual resolver las invasiones de tierras guambianas que han generado violencia reciente. Su intervención fue un llamado a honrar la Constitución del 91 como garantía de igualdad y dignidad para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.
Por su parte, Álvaro Echeverry Uruburu planteó una reflexión crítica sobre la diferencia entre descentralización y autonomía. Retomando las enseñanzas del líder liberal Víctor Renán Barco, explicó que la descentralización implica delegación de competencias por parte del poder central, mientras que la autonomía supone autoridades propias, recursos propios y capacidad de decisión.
Señaló que la Constitución consagra la autonomía en el artículo 287, pero que esta es incompleta mientras las regiones no tengan facultad legislativa en materia fiscal.
Denunció que las reformas posteriores recortaron la participación de las regiones en los recursos nacionales, pasando de un 46% a un 25%, lo que evidencia un proceso de recentralización. Criticó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial por no definir claramente las competencias entre nación y entidades territoriales, y advirtió que sin una legislación ambiciosa que transfiera funciones como el manejo de puertos, turismo y medio ambiente, la autonomía seguirá siendo una abstracción.
Su intervención concluyó con un llamado al próximo gobierno a definir un modelo claro de autonomía territorial que supere los vacíos actuales.
Eduardo Espinosa Faciolince, también exconstituyente, retomó la cita de Lassalle para destacar que el poder se organiza desde la gente y el territorio. Explicó que el ordenamiento territorial surge de variables geoambientales, socioculturales, históricas y económicas que deben ser organizadas para la convivencia.
Desde su experiencia en el Caribe, recordó las luchas históricas por la autonomía regional, desde la Guerra de los Supremos hasta los CORPES, y cómo esas reivindicaciones desembocaron en los artículos 306 y 307.
Criticó que la Ley de Ordenamiento Territorial resultara vacía e inconstitucional al no desarrollar plenamente el artículo 307, y señaló que las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) creadas posteriormente carecen de recursos, competencias y presencia en instancias decisorias como el CONPES.
Comparó la limitada capacidad de las RAP con la influencia que tuvieron los CORPES, y resaltó la paradoja de que estructuras centralistas hayan tenido más poder real que las instancias creadas para la autonomía.
Espinosa defendió la necesidad de fortalecer las regiones con competencias amplias y recursos suficientes, recordando que el municipio fue definido como célula fundamental de la Constitución, pero que los departamentos y regiones aún enfrentan debilidades derivadas de divisiones artificiales heredadas de las guerras civiles.
El moderador Jesús Pérez Benito condujo el diálogo con preguntas que permitieron enlazar las visiones históricas con los desafíos actuales. Destacó la importancia de rescatar el espíritu de la Constituyente y de proyectar un modelo territorial que responda a la diversidad y pluralidad de Colombia.
La jornada dejó claro que la autonomía no puede confundirse con descentralización, que los pueblos indígenas y afrodescendientes deben ser protagonistas en la construcción de un país equitativo, y que las regiones requieren competencias reales para manejar sus asuntos.
Los exconstituyentes coincidieron en que la Constitución de 1991 abrió un camino hacia la equidad y la diversidad, pero que los vacíos legislativos y las reformas posteriores han debilitado ese propósito.
El gobernador Verano, al cerrar el panel, insistió en que el Caribe y las demás regiones deben seguir luchando por materializar los artículos 306 y 307, porque solo con autonomía plena se podrá garantizar la felicidad y el progreso de los ciudadanos.
