Luego de la sentencia C-233/21, adoptada el pasado jueves 22 de julio, por la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde se garantiza el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió un pronunciamiento de seis puntos en el que presenta algunas consideraciones con “el ánimo de contribuir al diálogo y al discernimiento común sobre los valores que han de orientar a nuestra sociedad”.
En uno de sus ítems, aseguran los obispos que “la eutanasia constituye una seria ofensa a la dignidad de la persona humana y fomenta la corrosión de valores fundamentales del orden social”. Agregan que adoptar lo estipulado por la Corte “constituiría un serio peligro para los más frágiles y vulnerables de nuestra sociedad, sobre quienes pendería el peso de la posible supresión de sus vidas, dando lugar a un serio condicionamiento para el ejercicio de las libertades”.
Consideran que una actitud solidaria frente a la fragilidad y vulnerabilidad del ser humano puede llevar a una persona a declinar la intención de suprimir de manera voluntaria la vida, aún en los casos en que la ciencia médica no tiene la respuesta para una curación física.
Con el fin de afrontar esta realidad de una manera más humana, sin tener que acudir a la eutanasia, los obispos de Colombia hacen un llamado al Estado para que se “garantice la debida atención sanitaria a las personas que sufren lesiones corporales o enfermedades graves e incurables, o que se encuentran en estado terminal, especialmente cuando se trata de los más pobres”.
En materia de salud, piden una mayor inversión de recursos económicos e intervención psicosocial para atender a las familias y cuidadores de los enfermos, de manera especial a los más desprotegidos; así mismo, esfuerzos terapéuticos del personal sanitario para tratar adecuadamente el dolor y respetar la dignidad del paciente hasta el momento de su muerte natural.
