Una reciente investigación ha destapado que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adquirió madera ilegalmente extraída por el Clan del Golfo para la reconstrucción de San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota en 2020. Esta madera, proveniente del Parque Natural de Paramillo, fue utilizada en diversas obras de restauración en la región.
El informe revela la alarmante cercanía y colaboración del Estado con una de las organizaciones criminales más peligrosas de Colombia. Bajo la administración de Eduardo José González, durante el gobierno de Iván Duque, la UNGRD ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, pero este caso resalta por sus graves implicaciones ambientales y de seguridad.
Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar la magnitud de la operación y identificar a los responsables dentro de la UNGRD que facilitaron esta transacción. La Fiscalía General de la Nación ha prometido llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia.
Este escándalo pone de relieve la necesidad urgente de revisar los mecanismos de contratación pública y fortalecer la transparencia en las instituciones estatales para prevenir la infiltración de grupos criminales.
