En un caso de corrupción que ha tomado dimensiones nacionales, la vicefiscal General, Martha Mancera, ha ordenado una asignación especial para investigar el robo de 10 lingotes de oro y una colección de 69 relojes que estaban bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que fueron incautados a Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’.
La resolución destaca que se trata de “un caso de connotación nacional” que requiere una atención especial debido a la gravedad de los hechos. La investigación recae en el fiscal 103 delegado ante el Tribunal y adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
El caso, que involucra falsificaciones de informes, desaparición de evidencia y salpica a fiscales, policías especializados de la DIJIN, funcionarios de la SAE y una juez de la República, ha revelado detalles inquietantes. Entre ellos, se destaca la falta de autenticidad de los lingotes, que resultaron ser latas pintadas de color oro, y la falsificación de informes por parte de policías de la DIJIN.
La Fiscalía ha abierto una investigación contra el exfiscal 35 de extinción de dominio Nicolás Sotomonte, el exfiscal 74 ante los jueces especializados David Oliveros, y otros funcionarios judiciales. La jueza 80 de garantías de Bogotá también se encuentra bajo escrutinio, ya que se sugiere que pudo haber participado en la legalización de la captura de manera irregular.
El caso se complica aún más con la revelación de que los elementos incautados a ‘Pipe Montoya’ estuvieron bajo custodia por tres meses antes de que los lingotes fueran sustituidos por latas y los relojes resultaran ser falsos. La investigación apunta a la posible complicidad de funcionarios de alto rango de la DIJIN, quienes son señalados de alterar pruebas y de presuntamente intentar hackear la investigación.
Este escándalo de corrupción arroja luz sobre las debilidades en el sistema judicial y pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La vicefiscalía ha tomado medidas contundentes al asignar un fiscal especial para garantizar una investigación transparente y justa en este caso de gran relevancia para la opinión pública.
