La Controlaría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal por un valor de 2,9 billones de pesos en el caso de Reficar.
La decisión se produce en contra de siete miembros de la junta directiva de Reficar, incluyendo dos presidentes, así como cinco exfuncionarios y cuatro contratistas.
La investigación, que duró cuatro años en la Contraloría, se inició por sobrecostos que se habrían presentado en la construcción de la refinería de Cartagena.
De acuerdo con la Contraloría, con la modernización de la refinería de Cartagena, se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares (aproximadamente 2.9 billones de pesos), el monto en que cuantificó finalmente la Contraloría el daño fiscal ocasionado.
“Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva de Reficar, la administración de Reficar, contratista y supervisor del proyecto”, sostiene el organismo.
Un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso Reficar anunció la Contraloría General de la República en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas. El órgano de control explicó que hubo inversiones que no se recuperarán en la construcción de la Refinería de Cartagena.
La decisión de la Contraloría, que se tomó tras cuatro años de estudios, involucra a los entonces presidentes de la empresa Reyes Reinoso y Orlando José Cabrales. Además, cobija a los vicepresidentes Carlos Castillo, Andrés Riera y Magda Manosalva; junto con los miembros de la junta directiva Javier Genaro Gutiérrez, Pedro Rosales, Diana Calixto, Henry Medina, Hernando José Gómez, Natalia Gutiérrez y Uriel Salazar.
El fallo de responsabilidad fiscal también involucra a Chicago Bridge & Iron Company y Foster W.
La Contraloría justificó la medida al argumentar que hubo una gestión fiscal “antieconómica, ineficiente e inoportuna” que contribuyó a la pérdida de recursos públicos, al punto que califica el hecho como “el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”.
D.A.
