La iniciativa busca transformar la donación de la prima parlamentaria de Briceño en un negocio sostenible asesorado corporativamente por el empresario de la marroquinería.
El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, e impulsado junto al empresario Mario Hernández, formalizó el esquema de apoyo económico y estructuración empresarial en favor de Deisy Dorelly, víctima del conflicto armado y de las antiguas Farc. El proyecto contempla la destinación directa de los recursos provenientes de la prima parlamentaria del congresista —monto estimado en 18 millones de pesos— para la creación y puesta en marcha de un emprendimiento productivo sostenible.
La estrategia integra el aporte de capital privado por la vía del ingreso legislativo con el acompañamiento técnico del sector empresarial para garantizar la viabilidad del modelo de negocio de la beneficiaria.
Esquema de donación, mentoría empresarial y proyección de capital social
Estructuración técnica del negocio: Mario Hernández asumió la tutoría corporativa para evaluar la idea de negocio de Dorelly, orientando la inversión hacia sectores de alta rentabilidad y demanda en el mercado nacional para asegurar el autoabastecimiento económico de la víctima.
Mecanismo de financiación parlamentaria: La donación corresponde al compromiso asumido por Briceño de reducir de manera efectiva sus ingresos como congresista, destinando la prima legal de manera rotativa anual a proyectos productivos de víctimas del conflicto armado.
Reconocimiento y reactivación económica: Dorelly, quien ha liderado denuncias sobre crímenes cometidos por las extintas Farc y sus mandos históricos, resaltó que la alianza entre el sector público y la empresa privada constituye una vía concreta de reparación y generación de empleo.
Continuidad del programa: La representación parlamentaria confirmó que este esquema de financiamiento directo a proyectos productivos se replicará en los años subsiguientes de la legislatura con nuevos beneficiarios del registro de víctimas.
La alianza empresarial-legislativa se consolida como un piloto de inversión social directa para la reactivación productiva de las víctimas en el territorio nacional.
