En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto. Sus mensajes terminan restándoles credibilidad; buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión; alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios.
El Presidente interfiere en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten. Ayer escribió trinos en esta misma línea: en uno acusaba de forma genérica a “un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”; más tarde, trinó que Caracol Noticias trataba de dividir a la fuerza pública del gobierno como respuesta al registro de una manifestación. Esta mañana, en otra publicación volvió a juzgar a Caracol Noticias por una noticia sobre la reforma laboral: “Otra noticia mentirosa. El artículo de la revista del Banco de la República es responsabilidad de sus autores no de la entidad. Lo dice claramente el mismo documento en su primera página”.
No es la primera vez que el Presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y refutaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. Así mismo, ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión.
Estas acusaciones además han afectado a periodistas, individualizados por él mismo en sus redes sociales. La FLIP ya ha advertido que esto eleva el riesgo al que están expuestos las y los periodistas, en un país donde la violencia cobra la vida de las y los comunicadores. En los últimos siete meses tres periodistas han sido asesinados: Rafael Moreno, el 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, Córdoba; Wilder Córdoba, el 28 de noviembre de 2022 en La Unión, Nariño; y Luis Gabriel Pereira, el pasado 9 de mayo en Ciénaga de Oro, Córdoba, (de acuerdo con nuestra documentación, este caso podría estar motivado por el trabajo periodístico).
No es coherente la actitud del mandatario con la intención de trazar una política pública que garantice la labor de las y los periodistas en Colombia, que anunció el Ministerio del Interior. También, con sus acciones se aparta del deber de prudencia que le asiste como mandatario y de utilizar las vías institucionales . Según la Corte Constitucional en la T-124 de 2021, cuando la máxima autoridad de un Estado se pronuncia no está ejerciendo “la simple libertad de expresión reconocida en general a los ciudadanos, sino que están utilizando un medio legítimo para el ejercicio de la autoridad pública”.
Estos actos del Presidente contravienen el valor democrático que tiene una protección reforzada en nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto la Corte Constitucional en su T-454 de 2022 ha destacado la importancia de este derecho: “La libertad de expresión, su protección y todas las garantías que comprende son uno de los pilares básicos de la carta de derechos de los Estados democráticos, dada la trascendencia que tiene en la protección de otros derechos fundamentales, así como para la formación de la opinión pública, lo cual también favorece sociedades plenamente libres que cuenten con herramientas para ejercer adecuadamente sus derechos”.
Desde la FLIP reiteramos que el deber constitucional del presidente Gustavo Petro, como mandatario, es enviar un mensaje de respaldo a la prensa, adoptar medidas urgentes, adecuadas y eficientes para generar un espacio óptimo para el debate social utilizando las vías institucionales, así como promover y adoptar las garantías para la veeduría pública y de prensa sobre la función pública y la gestión del gobierno.
Esta situación es lo que ya el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido como un riesgo para la prensa en la región. Las relatorías de libertad de expresión en su declaración conjunta afirmaron que “las personas en la política y funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que socaven la confianza del público en los medios como institución democrática o que pongan en peligro la seguridad de las y los periodistas y trabajadores de los medios”. Por esta razón, hacemos un llamado a la RELE a que rechace y se pronuncie públicamente frente a estos hechos.
Que el periodismo esté en el foco central de las intervenciones del Presidente propaga una tensión que puede tener repercusiones indeseables. En ese sentido, solicitamos al presidente Petro que reconozca y afirme públicamente el papel central que tiene una prensa libre en una democracia y se abstenga de emitir mensajes que perjudiquen la independencia de los medios.
