La noche del miércoles trajo una notificación inesperada para Daniel Rodríguez, hasta entonces director de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) lo declaró insubsistente en su cargo, una decisión que ha levantado más preguntas que respuestas, especialmente por el contexto que la rodea.
Apenas días antes, Rodríguez había denunciado haber recibido amenazas de muerte presuntamente provenientes del ‘Clan del Golfo’, uno de los grupos criminales más peligrosos del país. Según su relato, el pasado 3 de junio fue advertido de que tenía 24 horas para abandonar la ciudad.
Entre los mensajes intimidatorios recibidos, uno en particular destaca: fue enviado por un supuesto integrante del grupo, identificado como ‘África’. En el texto, acompañado por un video en el que se exhiben armas de fuego, los criminales afirman tener información detallada sobre los movimientos del director y de sus hijos, a quienes también involucran en la amenaza, declarándolos objetivos militares.
Rodríguez no dudó en acudir a las autoridades y puso la denuncia en manos de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Sin embargo, la respuesta institucional parece haber ido en otra dirección.
La decisión de su salida ha generado inquietudes: ¿es una coincidencia que el INPEC lo haya separado del cargo justo después de exponer las amenazas? ¿O se trata de una represalia velada por tocar intereses sensibles?
Por ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento claro sobre la relación —si la hay— entre las amenazas recibidas y la destitución. Lo cierto es que la seguridad de un funcionario público fue puesta en juego, y las señales enviadas por el Estado dejan más incertidumbre que garantías.
