Un nuevo capítulo de controversia se abre en la Universidad del Atlántico. El ciudadano, identificado como Manuel Ochoa, presentó una denuncia formal ante el Consejo Superior Universitario y el Comité de Credenciales, en la que solicita declarar la invalidez del encargo de Josefa Cassiani Pérez como rectora encargada de la institución, decisión adoptada el pasado 10 de octubre en medio de la suspensión del proceso para designar rector en propiedad. Según Ochoa, la designación de Cassiani, actual secretaria general de la Universidad, carece de validez por haberse realizado “de manera improvisada, sin acto administrativo válido y en contravía del Estatuto General”.
La denuncia sostiene que la funcionaria estaría desempeñando simultáneamente dos cargos públicos, lo cual violaría el artículo 128 de la Constitución, que prohíbe el ejercicio de más de un empleo público al mismo tiempo. El documento advierte además que el Consejo Superior desconoció los artículos 29, 30 y 32 del Estatuto General, los cuales establecen los requisitos, el procedimiento y el orden de prelación para los encargos rectorales. Dichas normas determinan que, en caso de ausencia temporal del rector, el encargo debe recaer “preferiblemente entre los vicerrectores que cumplan los requisitos”, algo que no se habría cumplido en la sesión del 10 de octubre.
“No hubo secretario ad hoc” Ochoa señala también que no se designó un secretario ad hoc para certificar la decisión, lo que impide dar fe de la legalidad del acto. “La propia secretaria general no podía firmar ni certificar su nombramiento, generando un vicio formal insubsanable”, expone el texto.
En su petición al Consejo Superior, el veedor solicita declarar la inexistencia o nulidad absoluta del encargo, dejar sin efecto toda comunicación que la reconozca como rectora encargada, y convocar una nueva sesión para resolver la interinidad rectoral conforme al Estatuto, privilegiando el encargo en un vicerrector.
También pide remitir copia del expediente a la Procuraduría y al Ministerio de Educación Nacional para las acciones disciplinarias y preventivas correspondientes. La denuncia fue presentada luego de actos vandálicos que se registraron en la oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, área a cargo de Miguel Caro, representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior y uno de los recusados durante el proceso de elección. Aunque la consulta interna arrojó cinco candidatos: Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla, el Consejo Superior no ha podido concretar la elección debido a múltiples recusaciones que suspendieron la sesión prevista para el 10 de octubre.
