El pasado 24 de febrero, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) denunció ante la Fiscalía General de la Nación a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que, a pesar de contar con registros de habilitación, no disponían de la infraestructura física necesaria para ofrecer los servicios de salud que facturaron al sistema. Según la denuncia, las IPS en cuestión intentaron apropiarse ilegalmente de más de 79.5 mil millones de pesos mediante una serie de irregularidades que fueron detectadas a través de auditorías y revisiones exhaustivas en terreno.
Auditorías evidencian la falsedad en la prestación de servicios
La investigación comenzó en 2023, cuando la ADRES implementó auditorías rigurosas en terreno que revelaron que 52 IPS habían facturado servicios de salud sin cumplir con los requisitos básicos de infraestructura física. Tras las inspecciones, la ADRES solicitó que las IPS demostraran la existencia de sus instalaciones para la prestación de los servicios médicos. A partir de los hallazgos, se suspendieron los pagos a 52 IPS por un monto superior a los 70 mil millones de pesos.
De las 52 IPS notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición, lo que ratificó la suspensión de pagos, mientras que 10 que sí presentaron el recurso vieron su solicitud rechazada. En total, 36 IPS fueron las principales responsables de intentar facturar servicios sin contar con las condiciones adecuadas para prestarlos. La mayoría de estas IPS están ubicadas en la región Caribe, especialmente en municipios de Atlántico, Córdoba y Magdalena.
Una estafa de proporciones millonarias
Las IPS involucradas pretendían obtener 79.511 millones de pesos a través de facturación irregular, pero los esfuerzos de la ADRES para implementar controles tecnológicos avanzados y auditorías de campo permitieron evitar que estos recursos fueran desviados. Según Félix León Martínez, director general de la ADRES, uno de los principales hallazgos fue el aumento anómalo en las reclamaciones por servicios médicos relacionados con accidentes de tránsito en los que las víctimas supuestamente no contaban con SOAT o eran vehículos “fantasma”, sin registro real de ocurrencia.
Implementación de controles y nuevas tecnologías
Para prevenir más irregularidades, la ADRES ha utilizado herramientas tecnológicas que permiten identificar patrones sospechosos de facturación y de reclamaciones, lo que ha sido fundamental para detectar estas estafas. Además, la entidad ha contratado varias firmas de auditoría externas y un equipo interno especializado en innovación y analítica, para cruzar la información y detectar inconsistencias en las reclamaciones.
Medidas disciplinarias y judiciales
La ADRES ha informado que las 36 IPS involucradas enfrentan no solo el riesgo de perder los pagos correspondientes, sino también posibles sanciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las responsabilidades y proceder con las sanciones que correspondan a los responsables de estas irregularidades.
Con este tipo de acciones, la ADRES refuerza su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos destinados al sistema de salud, en beneficio de los ciudadanos y la calidad del servicio.
Con información de la ADRES.
