De acuerdo con información recogida, 74 funcionarios y contratistas habrían tenido inhabilidades vigentes cuando fueron vinculados a entidades estatales, en contratos cuyo valor acumulado ascendería a $8.003.719.492.
La denuncia penal fue presentada inicialmente por el representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar lo que considera un posible entramado para evadir las restricciones legales que impiden a determinadas personas contratar con el Estado.
En total, serían 147 contratos los que aparecen relacionados con los 74 funcionarios y contratistas señalados.
El caso resulta especialmente llamativo porque, según la información divulgada, en algunos expedientes existirían diferencias entre los documentos cargados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y los certificados oficiales expedidos por la Procuraduría General de la Nación.
Entre los hallazgos mencionados aparecen personas que presuntamente habrían presentado certificados que no correspondían con su situación disciplinaria, mientras que en otros casos, aun cuando la propia documentación habría advertido sobre la existencia de una inhabilidad, las entidades terminaron formalizando los contratos.
¿Cómo habría funcionado el mecanismo?
Daniel Briceño aseguró que la denuncia contempla tres posibles delitos: falsedad material en documento público, uso de documento falso y fraude procesal.
Según el congresista, de las 74 personas incluidas en la denuncia, 41 habrían presentado certificados de inhabilidades e incompatibilidades presuntamente falsificados para poder continuar contratando con entidades estatales.
Otros 23 contratistas habrían omitido información relacionada con sus antecedentes, mientras que, de acuerdo con el señalamiento, 10 personas habrían cargado documentos en los que incluso aparecía su condición de inhabilitadas y, pese a ello, fueron contratadas.
La situación genera interrogantes sobre los mecanismos de verificación utilizados por las entidades públicas antes de suscribir los contratos.
Uno de los puntos que deberá establecer la investigación es si se trató de errores administrativos, fallas en los controles o actuaciones deliberadas destinadas a permitir que personas impedidas legalmente continuaran vinculadas al Estado.
Un caso que llama especialmente la atención
Entre los casos mencionados por Briceño aparece el de Rubén Darío Díaz Arango, quien habría ejercido como procurador provincial de Guatequé, en Boyacá.
Según la denuncia divulgada por el congresista, Díaz Arango tendría una inhabilidad vigente hasta 2031 y, pese a ello, actualmente tendría un contrato con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este caso, al igual que los demás incluidos en la denuncia, deberá ser verificado por las autoridades competentes antes de establecer responsabilidades individuales.
La Procuraduría también queda bajo la lupa
El escándalo no solo plantea cuestionamientos sobre quienes habrían presentado información irregular para acceder a contratos públicos. También abre interrogantes sobre los controles aplicados por las entidades encargadas de verificar los antecedentes disciplinarios.
Briceño pidió al procurador general, Gregorio Eljach, intervenir en el caso y reclamó la implementación de mecanismos que permitan conectar de manera efectiva la información de la Procuraduría con los sistemas de contratación estatal.
La intención, según el congresista, es evitar que una persona con una sanción o inhabilidad vigente pueda continuar accediendo a contratos mediante documentos inconsistentes o información incompleta.
El representante también anunció que entregará nueva información relacionada con empresas que tendrían restricciones para contratar con el Estado y que, presuntamente, estarían utilizando figuras como uniones temporales para continuar participando en procesos de contratación pública.
Fiscalía deberá determinar si hubo fraude
Por ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia que deberá ser evaluada por las autoridades judiciales. Será la Fiscalía la encargada de determinar si existieron falsificaciones, omisiones deliberadas o maniobras destinadas a evadir las inhabilidades.
La investigación también tendrá que establecer el grado de responsabilidad de los funcionarios que participaron en los procesos de contratación y determinar si las entidades contaban con información suficiente para detectar las posibles irregularidades antes de firmar los contratos.
El monto involucrado, superior a $8.000 millones, y el número de contratos relacionados convierten el caso en un nuevo foco de atención sobre la contratación estatal y los mecanismos de control utilizados durante los últimos meses del gobierno Petro.
La controversia vuelve así a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo fue posible que personas que presuntamente tenían inhabilidades vigentes lograran acceder o permanecer en contratos con el Estado?
