Una denuncia presentada ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, solicita examinar movimientos financieros por aproximadamente $63.000 millones que presuntamente involucrarían al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a personas de su entorno y a cuatro empresas.
El documento, fechado el 7 de junio y presentado por la organización Misión Colombia Transparente, plantea la posible existencia de una estructura de triangulación de recursos que habría utilizado sociedades y terceros para movilizar dinero y ocultar a sus eventuales beneficiarios finales.
Entre las personas mencionadas aparecen la pareja de Roa, Carlos Julián Caicedo, la exfuncionaria Blanca Inés Durán y otros cuatro particulares. También figuran las empresas Bull Ingeniería S.A.S., Cetco S.A.S., Dacar Lawyers e Investments S.A.S.
La denuncia pide a las autoridades estadounidenses revisar si hubo operaciones destinadas a ocultar la propiedad o el control de activos, utilización de intermediarios y posibles maniobras de lavado de dinero. También solicita verificar eventuales conexiones financieras con personas u organizaciones investigadas por actividades ilícitas.
Las respuestas de los señalados
El representante legal de Bull Ingeniería, Carlos Alfonso Betancourth López, negó conocer a Ricardo Roa y aseguró que no pudo movilizar recursos del exdirectivo. También rechazó cualquier participación de su empresa en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por su parte, Juan David León, abogado de Roa, cuestionó la información que sustenta la denuncia y afirmó que está basada en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) con cifras que calificó como «totalmente desfasadas».
Roa enfrenta otros procesos en Colombia
El expresidente de Ecopetrol también afronta investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, de la que fue gerente. La Fiscalía lo llamó a juicio por presuntas irregularidades en los gastos electorales que habrían superado los topes permitidos en $1.388 millones durante la primera vuelta y $276 millones en la segunda.
Además, fue imputado por presunto tráfico de influencias en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y un supuesto favorecimiento a una empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera en un negocio energético.
La denuncia ante la OFAC constituye una solicitud para que las autoridades estadounidenses evalúen la información. Por ahora, no significa que exista una investigación formal concluida ni que se haya demostrado la comisión de lavado de activos por parte de las personas mencionadas. Tampoco se ha confirmado oficialmente que esta denuncia haya sido la causa de la revocatoria de la visa de Roa.
