La veeduría ciudadana VERCONTROL solicitó al alto tribunal retirar la investidura a la exsenadora, cuestionando su conducta e intermediación durante el trámite legislativo de la reforma pensional.
El Consejo de Estado admitió para estudio una solicitud de pérdida de investidura presentada contra la exsenadora María José Pizarro, relacionada con presuntas irregularidades en el trámite y aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno saliente. La acción jurídica sostiene que la excongresista habría incurrido en la causal constitucional de tráfico de influencias debidamente comprobado durante las discusiones y votaciones del proyecto en el Congreso.
La petición fue radicada formalmente por Juan Carlos Calderón España, presidente de la Veeduría Ciudadana Control Social (VERCONTROL).
Fundamentos de la demanda, demandante y contexto de la sala plena
Causal invocada y trámite legislativo: La veeduría argumenta que Pizarro habría ejercido indebida presión o intermediación irregular en el marco de los debates parlamentarios que permitieron el avance de la reforma pensional, conducta que encaja en las causales de despojar del investidura a un legislador de acuerdo con la Constitución.
Antecedentes del demandante: El presidente de VERCONTROL, Juan Carlos Calderón España, es el mismo veedor que promovió el proceso disciplinario-electoral que derivó en la sentencia de primera instancia dictada por el Consejo de Estado para decretar la pérdida de investidura del exsenador Iván Name.
Siguiente etapa procesal: La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado deberá evaluar la admisión formal de la demanda, notificar a las partes y decidir si decreta pruebas para determinar la responsabilidad política y jurídica de la exsenadora en el ejercicio de sus funciones.
Esta nueva demanda suma un capítulo a la revisión judicial que adelantan las altas cortes sobre las actuaciones parlamentarias y los acuerdos políticos desarrollados durante el trámite de las reformas sociales en el Congreso
