El caso de los denominados ‘sexocontratos’ tomó un nuevo impulso este jueves 29 de octubre de 2026, con la comparecencia de Deicy Jiménez ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La mujer busca respaldar sus denuncias sobre una presunta dinámica de contratación estatal a cambio de favores sexuales que, según su versión, habría involucrado al entonces presidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro.
La diligencia está a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado y hace parte de las actuaciones preliminares encaminadas a establecer qué ocurrió, qué personas pudieron tener participación y si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal. La citación se produjo después de que Jiménez hiciera públicas sus acusaciones y de que se conocieran denuncias sobre contratos estatales que habrían sido otorgados sin requisitos ni condiciones claramente establecidos.
La principal novedad de la jornada está en el anuncio de la defensa de Jiménez: podrían aparecer nuevos nombres de personas con fuero constitucional y otras mujeres podrían acudir ante las autoridades con sus propios testimonios.
No obstante, hasta ahora no se han divulgado públicamente los nombres adicionales anunciados por el abogado ni existe una determinación judicial que establezca la responsabilidad penal de las personas señaladas.
La defensa anuncia nuevos nombres y más posibles testimonios
El abogado Andrés Felipe Caballero, representante de Jiménez, aseguró que su clienta ratificará lo que ha contado públicamente y entregará los elementos que, según la defensa, respaldan su relato.
El penalista advirtió que el expediente podría extenderse a otras personas que presuntamente habrían conocido los hechos denunciados, algunas de ellas con fuero constitucional. En esos casos, la autoridad competente dependerá de la condición jurídica de cada persona y de las conductas que lleguen a ser examinadas.
“Creo que va a haber otros aforados de distinta naturaleza mencionados”, señaló el abogado, al referirse a la posibilidad de que surjan nombres adicionales durante el desarrollo de las actuaciones.
Caballero también anticipó que podrían conocerse nuevos testimonios de mujeres que, según su apreciación, podrían decidir hablar a medida que avance el caso.
“Estoy completamente seguro de que más mujeres se van a envalentonar y vamos a conocer más casos”, manifestó.
La defensa sostiene que la declaración de Jiménez debe ser valorada dentro del proceso y ha insistido en que se tengan en cuenta las garantías de la denunciante. El abogado también ha señalado que su representada cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a las amenazas que ha recibido.
¿Qué denunció Deicy Jiménez?
Jiménez afirmó que conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador, y que posteriormente habría recibido oportunidades de contratación estatal después de sostener encuentros íntimos con él.
Según su relato, la presunta dinámica no se habría limitado a una sola vinculación laboral. La mujer sostuvo que tuvo contratos en diferentes entidades públicas y que otras mujeres también habrían sido beneficiadas mediante un esquema similar.
Entre las instituciones mencionadas en las denuncias están:
El Congreso de la República: Jiménez estuvo vinculada durante algunos meses a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de María José Pizarro.
El Ministerio del Interior: la denunciante afirmó que tuvo contratos con esta entidad.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: también aparece entre las instituciones señaladas en las versiones divulgadas.
La Superintendencia Nacional de Salud: es otra de las entidades que figura en la información relacionada con el caso.
Jiménez aseguró que Pizarro habría tenido conocimiento de algunas de las presuntas irregularidades y que habría recomendado a mujeres para ser vinculadas a determinadas entidades. Estas afirmaciones todavía deben ser contrastadas mediante la revisión de contratos, comunicaciones y demás elementos que puedan aportar las partes.
La denunciante también ha hablado de fotografías, videos y conversaciones que, según sostiene, respaldarían parte de su versión. La existencia de ese material y su contenido probatorio deberán ser examinados por las autoridades. La publicación de imágenes o mensajes, por sí sola, no demuestra que se hayan cometido delitos.
La cifra de mujeres contratadas también está bajo revisión
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es el número de mujeres que podrían estar relacionadas con las presuntas irregularidades.
En las primeras versiones se habló de alrededor de 40 mujeres, mientras que la denuncia que originó actuaciones de la Fiscalía, presentada por Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), hace referencia a 48 mujeres que presuntamente habrían sido contratadas sin requisitos definidos o sin condiciones suficientemente establecidas.
Las dos cifras aparecen en el contexto de las denuncias, pero no deben interpretarse como una lista de víctimas identificadas judicialmente ni como prueba de que todas las contrataciones se hicieron a cambio de favores sexuales.
Para establecer qué ocurrió, será necesario verificar quiénes fueron contratadas, qué funciones debían cumplir, cuáles fueron los valores de los contratos, qué actividades realizaron y si existió alguna relación irregular entre las vinculaciones laborales y los hechos denunciados.
La Fiscalía anunció actuaciones para esclarecer las denuncias y la necesidad de recoger el testimonio de Jiménez. También se informó que serán llamadas a declarar Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes estuvieron al frente del Dapre en distintos momentos, dentro de las diligencias relacionadas con el caso.
La Procuraduría también comenzó a pedir documentos
La investigación no se limita a la declaración ante la Corte Suprema. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de distintas entidades pudieron incurrir en irregularidades relacionadas con la contratación, extralimitación de funciones, acoso o violencia de género, a partir de las denuncias conocidas.
Según la información publicada el 26 de octubre, el organismo solicitó documentos al Congreso de la República, al Dapre, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y a la Superintendencia Nacional de Salud.
La Procuraduría pidió que se certificara si Jiménez tuvo contratos u otro tipo de vinculación con esas instituciones desde 2019. En caso afirmativo, solicitó copias de los documentos, los valores correspondientes y la información relacionada con su hoja de vida.
Este requerimiento puede permitir reconstruir el historial contractual de la denunciante y contrastarlo con las versiones entregadas públicamente. Sin embargo, pedir documentos o abrir una indagación previa no equivale a declarar responsables a los funcionarios o contratistas involucrados.
¿Qué responde Gustavo Petro y cómo se defiende María José Pizarro?
La contraparte ha rechazado las acusaciones.
Alejandro Carranza, abogado que anunció representar tanto a Gustavo Petro como a María José Pizarro, calificó los señalamientos como un “montaje” y aseguró que acudirá ante la Corte Suprema para defender la inocencia de sus representados.
Sobre los contratos y las vinculaciones de Jiménez con el Estado, Carranza sostuvo que estas tienen justificación, aunque rechazó que se pueda concluir que fueron otorgadas como pago por favores sexuales.
La posición de esta defensa es opuesta a la de Jiménez y su abogado. Mientras la denunciante sostiene que existió un abuso de poder y un intercambio irregular, los representantes de Petro y Pizarro niegan que se haya cometido la conducta señalada.
Petro, por su parte, rechazó de manera expresa haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. En declaraciones divulgadas sobre el caso, sostuvo que nunca ha utilizado el poder público para obtener favores íntimos y cuestionó las acusaciones.
La controversia, por tanto, tendrá que resolverse a partir de elementos verificables y no únicamente mediante las versiones enfrentadas. Será necesario determinar si los contratos se ajustaron a las normas, si hubo irregularidades en su asignación y si existe evidencia que permita establecer un vínculo entre las contrataciones y los hechos denunciados.
¿Qué papel tendrá Medicina Legal?
Otro asunto que ha surgido en torno a la investigación es la posibilidad de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice valoraciones psicológicas o psiquiátricas a Jiménez.
El director de la entidad, Ariel Cortés, explicó que el organismo puede practicar este tipo de evaluaciones cuando exista una solicitud de la Fiscalía, de la defensa o de un juez, dentro de las competencias correspondientes.
Según lo informado el 28 de octubre, en ese momento no se había presentado una solicitud para realizar las pruebas. Por lo tanto, no puede afirmarse que Jiménez haya sido sometida a una evaluación de este tipo ni que exista un resultado pericial sobre su declaración.
Estas valoraciones, si llegaran a ordenarse, tendrían que entenderse dentro de su finalidad técnica y judicial. La determinación de la veracidad de los hechos denunciados requiere examinar el conjunto de las pruebas y las circunstancias concretas del caso.
Lo que sigue en la investigación
La declaración de Jiménez ante la Sala Especial de Instrucción es una de las actuaciones relevantes para esclarecer las denuncias, pero no representa por sí misma una decisión sobre la responsabilidad de Petro, Pizarro o cualquier otra persona.
Los próximos pasos dependerán de las decisiones de las autoridades competentes y de los elementos que logren recopilar. Entre los aspectos que deberán ser examinados están:
Los contratos estatales: sus fechas, valores, objetos, requisitos, supervisión y cumplimiento.
Las comunicaciones y demás elementos anunciados por Jiménez: deberán ser entregados, preservados y sometidos a las verificaciones correspondientes.
Los testimonios: tanto el de la denunciante como los de otras personas que sean convocadas formalmente.
La eventual participación de otros funcionarios: cualquier señalamiento contra personas con fuero deberá ser evaluado por la autoridad competente.
Las explicaciones de las personas mencionadas: sus versiones y los documentos que presenten también tendrán que ser valorados dentro de las actuaciones.
El caso reúne denuncias de presunto abuso de poder, posibles irregularidades en la contratación pública y señalamientos relacionados con la utilización de mujeres para obtener beneficios personales. Por ahora, esas acusaciones continúan bajo examen y no constituyen una declaración judicial de culpabilidad.
La pregunta central es si las pruebas permitirán demostrar que existió un intercambio entre contratos públicos y favores sexuales, o si las acusaciones serán desvirtuadas por las verificaciones judiciales. La respuesta dependerá de los resultados de las investigaciones, no de la aparición de nuevos nombres por sí sola.
