Nuevas revelaciones entregadas por la periodista D’Arcy Quinn en La FM añaden dimensiones aún más complejas al expediente judicial que investiga la presunta red de ‘sexocontratos’ vinculada a la anterior administración de Gustavo Petro.
De acuerdo con las declaraciones de la testigo principal, Deicy Jiménez, la lista de mujeres beneficiadas con órdenes de prestación de servicios (OPS) a cambio de favores personales superaría el número de 48 inicialmente identificado por las autoridades, pudiendo alcanzar o superar las 60 personas.
Detalles clave de la declaración periodística y judicial
Identificación por OnlyFans y apodos: Jiménez explicó que la individualización exacta de las participantes ha sido compleja debido a que en las fiestas organizadas en casas de seguridad de Teusaquillo y Corferias muchas se conocían solo de vista o por los seudónimos que utilizaban en plataformas como OnlyFans.
Disparidad en la contratación: La testigo detalló una acentuada brecha entre las vinculadas: mientras un grupo reducido accedió a contratos millonarios, esquemas de seguridad de la UNP e influencias en entidades completas, otras recibían contratos de menor cuantía.
Mención a Armando Benedetti: Según el relato de Quinn, Jiménez afirmó que el exembajador le gestionó un contrato en el pasado, aclarando que la testigo buscaba evadirlo por temor y que este nunca asistió a los encuentros privados donde estuvo el expresidente Petro.
Evidencia audiovisual en el celular: El dispositivo móvil que Jiménez entregará a la Fiscalía y a la Corte Suprema contiene fotografías explícitas, videos y chats de contenido sexual. Dicho material servirá como prueba reina en la extracción forense ordenada por los investigadores.
La tesis del “programa de reinserción”: Quinn cuestionó la narrativa expuesta por la exesposa del expresidente, Mary Luz Herrán, sobre un supuesto “programa especial” para ofrecer oportunidades a mujeres vulnerables. Según la periodista, esta versión buscaría justificar institucionalmente los vínculos contractuales, hipótesis que la Justicia deberá contrastar frente al material probatorio.
