La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional de los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, quienes permanecían privados de la libertad mientras avanzaba el proceso penal en su contra por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue adoptada este viernes 9 de octubre por la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal, al considerar que se cumplieron las condiciones legales para concederles la libertad provisional por vencimiento de términos.
Más de un año sin comenzar el juicio
Según la información divulgada sobre el proceso, ambos excongresistas fueron acusados formalmente el 27 de agosto de 2025. Desde entonces transcurrió más de un año sin que se celebrara la audiencia pública de juzgamiento, circunstancia que sustentó la aplicación del numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000.
Esta disposición contempla la posibilidad de conceder la libertad provisional cuando transcurren más de seis meses desde la ejecutoria de la resolución de acusación sin que se haya celebrado la correspondiente audiencia pública de juzgamiento.
La Corte ordenó expedir las respectivas boletas de libertad con destino a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde permanecían detenidos. Sin embargo, la salida de prisión quedó condicionada al pago de una caución prendaria equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada procesado, suma que deberá consignarse en el Banco Agrario.
Los señalamientos por los presuntos sobornos de la UNGRD
El proceso judicial está relacionado con las presuntas entregas de dinero a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para favorecer iniciativas del Gobierno nacional durante 2023.
De acuerdo con la acusación, Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría recibido 1.000 millones de pesos. Según los señalamientos de la Fiscalía, los recursos habrían sido entregados por Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, y transportados en vehículos oficiales.
Las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, y Olmedo López, antiguo director de esa entidad, fueron determinantes para que las autoridades conocieran detalles del presunto entramado de corrupción. López aseguró que habría llevado dinero personalmente al apartamento de Name, ubicado en el norte de Bogotá.
Estos señalamientos forman parte de las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos públicos y la utilización de contratos y decisiones administrativas para favorecer intereses políticos.
Libertad provisional no significa absolución
La decisión de la Corte Suprema no exonera a Name ni a Calle de los cargos que enfrentan, ni implica que el proceso penal haya terminado. Ambos deberán continuar vinculados a las actuaciones judiciales correspondientes.
En su pronunciamiento, el alto tribunal recordó que la detención preventiva es una medida excepcional, debido a que recae sobre personas que aún no han sido condenadas y que mantienen la presunción de inocencia.
La determinación vuelve a poner bajo escrutinio los tiempos de la justicia en uno de los escándalos de corrupción más relevantes de la política colombiana reciente. Mientras los procesados recuperan provisionalmente la libertad, la investigación penal deberá seguir su curso para establecer las responsabilidades individuales en los hechos que se les atribuyen.
