En un giro poco convencional, el presidente Gustavo Petro anunció que los recursos para enfrentar la emergencia sanitaria por fiebre amarilla provendrán de las concesiones viales 4G y 5G. Según explicó el mandatario, se trataría de un fondo que oscilaría entre 600 mil millones y 1 billón de pesos, y que se extraería de contratos con incumplimientos evidentes por parte de los concesionarios.
“Vamos a sacar esos recursos de los contratos donde se haya estafado a la Nación”, dijo Petro durante su alocución del lunes, señalando directamente a empresas y bancos que, según él, han acumulado dinero público en fideicomisos sin ejecutar las obras previstas. Mencionó incluso a Bancolombia, entidad de la cual dijo que tiene el 42% de esos recursos retenidos.
La estrategia del Gobierno busca obtener hasta 14 millones de dosis de vacunas contra la fiebre amarilla, en medio de un escenario de alerta por la reaparición del virus en varias regiones del país.
Sin embargo, el anuncio no estuvo exento de advertencias. Petro indicó que, si los recursos no alcanzan, el Ejecutivo podría declarar una emergencia económica, figura que le permitiría mover fondos y tomar decisiones extraordinarias sin pasar por el Congreso.
El planteamiento del presidente abre varios interrogantes:
¿es viable legalmente redirigir fondos de concesiones viales a emergencias sanitarias?
¿cómo afectará esta decisión los cronogramas de infraestructura del país? Y
¿es sostenible una política de salud pública basada en la sanción financiera?
Lo cierto es que, en un país donde la infraestructura y la salud pública suelen caminar por vías separadas, el Gobierno ha decidido unirlas —aunque sea a la fuerza— bajo una sola urgencia: frenar la fiebre amarilla.
