El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella comenzó a definir su nueva hoja de ruta para el sistema penitenciario y carcelario del país con dos decisiones que apuntan directamente al manejo de la seguridad, el control de los centros de reclusión y la recuperación de la infraestructura penitenciaria.
A través de los decretos 1264 y 1270 del 20 de agosto de 2026, el Ejecutivo oficializó la continuidad del coronel Daniel Gutiérrez como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y designó a la arquitecta Isadora Fernández como nueva directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Las decisiones fueron suscritas por el presidente De la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, y tienen especial relevancia porque Gutiérrez no es un funcionario que llegue con el nuevo Gobierno: asumió la dirección del Inpec durante la administración de Gustavo Petro, en septiembre de 2022, y ahora recibe el respaldo de la nueva administración.
Su permanencia supone continuidad en la conducción operativa del sistema penitenciario, pero dentro de una estrategia que plantea un giro frente a varias de las políticas aplicadas durante el anterior Gobierno.
El nuevo Ejecutivo ha puesto el énfasis en recuperar el control de las cárceles y evitar que los establecimientos penitenciarios sean utilizados por organizaciones criminales como centros desde los cuales se coordinan actividades delictivas.
La primera muestra de esa orientación se produjo apenas comenzó el Gobierno. Entre el 7 y el 8 de agosto, unidades especiales del Inpec, con apoyo de la Policía, participaron en un amplio operativo para trasladar a 117 internos considerados de alto perfil.
La operación tuvo como principal escenario la cárcel La Paz, ubicada en Itagüí, Antioquia, un establecimiento que en los últimos meses había quedado en el centro de varias controversias relacionadas con la seguridad y con los acercamientos entre el Gobierno anterior y estructuras criminales.
Entre los internos trasladados estuvieron reconocidos cabecillas como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Hernán Giraldo y José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, además de Freyner Alonso Ramírez, conocido como ‘Carlos Pesebre’.
Los reclusos fueron enviados a diferentes establecimientos penitenciarios ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
La decisión fue presentada por el Gobierno como una medida destinada a elevar los niveles de seguridad y evitar que los delincuentes de mayor poder dentro de las cárceles mantengan capacidad para impartir órdenes hacia el exterior.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, fue el mensaje atribuido al presidente De la Espriella tras el operativo.
Con la ratificación de Gutiérrez, será el actual director del Inpec quien tendrá que ejecutar buena parte de esa política.
El reto no es menor. El sistema penitenciario arrastra problemas relacionados con hacinamiento, infraestructura, seguridad perimetral, corrupción, ingreso de elementos prohibidos, comunicaciones ilegales y capacidad de las organizaciones criminales para mantener redes de operación desde los centros de reclusión.
A esto se suman las recientes alertas sobre posibles intentos de fuga y las investigaciones derivadas de hechos ocurridos en establecimientos penitenciarios.
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de la cárcel La Paz, donde una fiesta clandestina con presencia de varios internos vinculados a estructuras criminales y la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez terminó generando una investigación contra funcionarios del Inpec.
La Procuraduría abrió indagaciones sobre al menos 13 funcionarios por las circunstancias que rodearon el ingreso de personas, bebidas y equipos utilizados durante el encuentro.
El episodio también dejó expuestas las deficiencias tecnológicas del establecimiento. La cárcel no contaba en ese momento con un sistema de videovigilancia que permitiera reconstruir de manera completa lo ocurrido dentro de sus instalaciones.
Posteriormente, el sistema de cámaras fue renovado y quedó habilitado a finales de abril de 2026.
El Gobierno entrante también tuvo que atender una alerta relacionada con un supuesto plan para ejecutar una fuga masiva de internos considerados de alta peligrosidad en La Paz.
La denuncia fue realizada por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, quien aseguró haber recibido información sobre un eventual operativo que involucraría motocicletas de alto cilindraje, conductores y hombres armados.
Aunque públicamente no fueron presentadas pruebas que confirmaran la existencia del supuesto plan, la alerta llevó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.
El propio ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas preventivas y revisar la información.
El Inpec respondió con el fortalecimiento de los controles internos y externos. Los Grupos de Operaciones Especiales reforzaron la vigilancia y se estableció coordinación con la Policía y el Ejército para ampliar la seguridad alrededor del establecimiento.
La cárcel cuenta además con 36 cámaras destinadas al monitoreo y vigilancia.
En ese contexto, la permanencia de Gutiérrez adquiere un significado particular: el Gobierno no optó por reemplazar al funcionario que ya venía dirigiendo el Inpec, sino que decidió mantenerlo para ejecutar una política penitenciaria de mayor control.
Isadora Fernández asume el desafío de la infraestructura penitenciaria
Mientras Gutiérrez continuará al frente de la operación y vigilancia de los establecimientos, la Uspec tendrá una nueva responsable.
La arquitecta Isadora Fernández fue designada para reemplazar a Fidel Ignacio Espitia, quien venía ejerciendo el cargo en condición de interinidad.
Su llegada se produce en un momento en el que la infraestructura penitenciaria ocupa un lugar central dentro de las prioridades del Gobierno.
La Uspec tiene bajo su responsabilidad buena parte de los proyectos y contratos relacionados con la infraestructura física y tecnológica del sistema carcelario, por lo que la nueva directora deberá asumir decisiones que van desde la adecuación de establecimientos existentes hasta el desarrollo de nuevas obras.
Entre los asuntos pendientes aparecen los contratos destinados a garantizar elementos de protección para los guardianes, vehículos blindados y equipamiento de seguridad, además del fortalecimiento de los sistemas tecnológicos de vigilancia.
Pero existe un proyecto de mayor alcance: la construcción de diez megacárceles anunciada por De la Espriella durante su campaña.
La ejecución de esa promesa exigirá no solamente recursos millonarios, sino estudios técnicos, adquisición de terrenos, diseños, procesos contractuales y coordinación entre diferentes entidades del Estado.
Fernández también llega a la Uspec en medio de cuestionamientos y discusiones políticas alrededor de los antecedentes familiares que han sido mencionados en relación con su nombramiento.
De acuerdo con la información divulgada, Fernández es hija del abogado Juan Fernández Carrasquilla, quien estuvo relacionado profesionalmente con Carlos Alonso Lucio.
La referencia aparece en un contexto político marcado por las controversias que rodearon a Lucio y su relación con la entonces fiscal general Viviane Morales, actualmente ministra de Educación del Gobierno de De la Espriella.
No obstante, esas referencias corresponden a antecedentes y relaciones profesionales de terceros y no constituyen, por sí mismas, señalamientos contra Fernández.
El cambio de enfoque frente a la Paz Total
Las nuevas designaciones también deben leerse dentro de una transformación más amplia de la política de seguridad del Estado.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, las cárceles adquirieron un papel relevante en los procesos de acercamiento con estructuras armadas y organizaciones criminales, especialmente dentro de la llamada Paz Total y de los procesos de Paz Urbana.
Uno de los episodios más controvertidos fue la designación de antiguos jefes paramilitares como gestores de paz.
En noviembre de 2024, el Gobierno Petro nombró a 18 exintegrantes de estructuras paramilitares en ese tipo de funciones. Entre ellos estuvieron figuras como ‘Macaco’ y otros antiguos comandantes.
Posteriormente, en 2025, se convocó a otros exjefes paramilitares a una denominada Mesa Técnica de Diálogo Social.
La estrategia pretendía avanzar en asuntos relacionados con desarme, sometimiento, reconstrucción de verdad y procesos de paz, pero recibió fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos, víctimas y organismos de control.
Uno de los casos más polémicos fue el de Hernán Giraldo, conocido como ‘El Señor de la Sierra’, cuya designación como gestor de paz fue criticada por la exprocuradora Margarita Cabello.
Giraldo había sido expulsado de Justicia y Paz por hechos de violencia sexual cometidos después de su desmovilización, según las decisiones judiciales citadas en el caso.
La administración De la Espriella ha tomado distancia de ese modelo y, en lugar de profundizar el papel de los reclusos dentro de procesos de diálogo, ha comenzado por redistribuir a los principales cabecillas en distintos establecimientos.
El traslado de los 117 internos de alto perfil se convirtió así en uno de los primeros movimientos concretos del nuevo Gobierno en materia penitenciaria.
El Consejo de Estado también revisa decisiones de la anterior administración
El cambio de Gobierno coincide con procesos judiciales que ponen bajo la lupa algunas de las decisiones adoptadas durante la administración Petro.
El Consejo de Estado suspendió la Resolución Ejecutiva 244 de 2023, relacionada con la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.
La decisión cuestionó, entre otros aspectos, que el acto administrativo no estableciera de manera suficientemente precisa los límites temporales, geográficos y funcionales de esa designación.
El alto tribunal también ha recibido demandas relacionadas con la Resolución 327 de 2025, mediante la cual el Gobierno Petro convocó a varios exintegrantes de grupos paramilitares a una Mesa Técnica de Diálogo Social.
Estos procesos podrían terminar definiendo los límites jurídicos de la participación de antiguos integrantes de grupos armados en mecanismos de negociación o construcción de paz.
Mientras esas discusiones avanzan en los tribunales, el Gobierno de De la Espriella parece haber escogido otro camino para el manejo de los principales cabecillas recluidos.
La cárcel como prioridad de seguridad
La nueva etapa del sistema penitenciario estará marcada, por tanto, por dos frentes simultáneos.
El primero será operativo y estará en manos de Daniel Gutiérrez: recuperar el control de los establecimientos, reforzar la seguridad, impedir que los internos de mayor poder mantengan capacidad de coordinación criminal y mejorar los protocolos para prevenir fugas, corrupción e ingreso de elementos prohibidos.
El segundo será estructural y recaerá sobre Isadora Fernández: modernizar la infraestructura, mejorar los sistemas tecnológicos, fortalecer las condiciones de seguridad de los funcionarios y avanzar en la construcción de nuevos establecimientos.
El Gobierno tendrá que demostrar que ambas estrategias pueden ejecutarse de manera coordinada.
Los traslados masivos pueden reducir la concentración de poder de determinados cabecillas, pero no resuelven por sí solos problemas históricos como el hacinamiento, las deficiencias de infraestructura o la corrupción interna.
De igual manera, la construcción de nuevas cárceles no garantiza automáticamente el control de las organizaciones criminales si no está acompañada de inteligencia penitenciaria, tecnología, controles disciplinarios y coordinación efectiva con la Fuerza Pública y la Fiscalía.
Por ahora, la señal política es clara: De la Espriella decidió mantener a un oficial que ya conocía la estructura del Inpec y poner al frente de la Uspec a una profesional que tendrá la responsabilidad de transformar buena parte de la infraestructura que soporta el sistema.
La combinación entre continuidad operativa y renovación administrativa será puesta a prueba en los próximos meses, cuando el Gobierno deba convertir los anuncios de seguridad penitenciaria en resultados concretos.
La nueva administración llega así a las cárceles con una prioridad distinta a la del Gobierno anterior: menos protagonismo de los establecimientos penitenciarios como escenarios de negociación con estructuras criminales y mayor énfasis en que los centros de reclusión vuelvan a funcionar, ante todo, como espacios bajo control efectivo del Estado.
