El Gobierno nacional elevó la dimensión de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y confirmó que las pérdidas físicas preliminares podrían acercarse a los $30 billones, mientras más de 120.000 familias aparecen entre las afectadas por la tragedia.
Durante una alocución, el presidente Abelardo De La Espriella hizo un llamado directo al sector financiero para que reduzca las tasas de interés y facilite el acceso a créditos para las familias que perdieron sus viviendas o necesitan reconstruirlas.
“Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, manifestó el mandatario.
La petición se produce en medio de una emergencia que, según el balance presentado por el Gobierno y cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, deja hasta el momento 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.
Las afectaciones se extienden a 450 municipios de 15 departamentos, lo que da cuenta de la magnitud del desastre y del enorme desafío que enfrenta el país durante la etapa de recuperación.
Chocó y el Eje Cafetero concentran millonarias pérdidas
De acuerdo con la primera estimación técnica presentada por el Gobierno, las pérdidas físicas directas alcanzarían aproximadamente $30 billones en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
Del total estimado, alrededor de $24,5 billones corresponderían a edificaciones, mientras que otros $5,5 billones estarían relacionados con infraestructura.
El Gobierno aclaró que se trata de una valoración preliminar y que el monto podría aumentar a medida que se completen los censos y las evaluaciones técnicas de viviendas, establecimientos, vías, instituciones públicas y demás infraestructura afectada.
Vivienda, la prioridad para miles de familias
Uno de los principales problemas que deberá resolver el Gobierno será garantizar un techo para las familias que perdieron sus viviendas o quedaron imposibilitadas para regresar a ellas.
Para enfrentar esta situación fueron anunciados subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y el programa “Vivienda Milagro”, destinado a la construcción de nuevas soluciones habitacionales y al mejoramiento de viviendas que puedan ser recuperadas.
El Presidente insistió en que la reconstrucción debe permitir que las familias afectadas recuperen condiciones dignas de vida y no queden atrapadas durante años en soluciones temporales.
Precisamente por ello, el llamado al sistema financiero busca facilitar el acceso a recursos para quienes necesiten reconstruir o adquirir una vivienda.
Gobierno prepara fondo especial de reconstrucción
De La Espriella también confirmó que su Gobierno decretará la emergencia económica y anunció la creación de un fondo especial destinado a financiar la reconstrucción de las zonas afectadas.
La administración nacional pretende tomar como referencia experiencias anteriores de recuperación, particularmente el proceso de reconstrucción desarrollado después del terremoto que afectó al Eje Cafetero.
La estrategia tendrá que definir cómo serán distribuidos los recursos, cuáles serán las prioridades y qué mecanismos se utilizarán para garantizar que el dinero llegue efectivamente a las comunidades damnificadas.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda activó el primer tramo de un crédito del Banco Mundial por US$200 millones, recursos que estarán destinados a atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.
El otro frente: evitar que la reconstrucción termine en corrupción
Además de la magnitud de las pérdidas materiales, el Gobierno enfrenta otro desafío: garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la reconstrucción.
Con miles de millones de pesos que deberán movilizarse para vivienda, infraestructura, servicios públicos y recuperación económica, el riesgo de irregularidades en contratación y ejecución de recursos se convierte en una preocupación central.
Por ello, De La Espriella lanzó una advertencia contundente durante su intervención:
“El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde”.
El mensaje apunta a evitar que los recursos destinados a atender a los damnificados terminen desviados o utilizados de manera irregular.
La emergencia entra así en una nueva etapa. Después de las labores de búsqueda, rescate y atención inmediata, el país comienza a enfrentar el desafío mucho más complejo de la reconstrucción.
Con pérdidas preliminares cercanas a los $30 billones, más de 120.000 familias afectadas y cientos de municipios impactados, la tarea que tiene por delante el Gobierno será monumental.
Ahora comienza la parte más larga de la tragedia: reconstruir viviendas, recuperar infraestructura, reactivar las economías locales y devolverle a miles de familias la posibilidad de volver a empezar, con la obligación de que cada peso destinado a esa tarea llegue a quienes realmente lo necesitan.
