El presidente Abelardo De La Espriella presentó este martes nuevos detalles de los hallazgos recopilados durante el empalme anticorrupción con la anterior administración y que quedaron consignados en el denominado ‘Libro de la Verdad’, documento entregado a la Fiscalía General de la Nación para que determine si existen responsabilidades penales o disciplinarias.
Durante su intervención, el mandatario señaló a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como uno de los casos que más preocupación genera. Según sus declaraciones, la entidad habría girado $856.000 millones sin que existiera una situación de urgencia manifiesta y actualmente no se tendría claridad sobre el destino de $1,38 billones.
Otro de los señalamientos estuvo relacionado con la contratación estatal. De La Espriella aseguró que durante el gobierno anterior se habría configurado una “nómina paralela” de aproximadamente 900.000 contratos de prestación de servicios, situación que, según afirmó, habría generado un pasivo superior a los $5 billones para las finanzas públicas.
El presidente también puso bajo la lupa la situación financiera de Air-e, empresa que presta el servicio de energía a millones de usuarios en la región Caribe, y aseguró que registra pérdidas por $2,59 billones.
El presidente Abelardo De La Espriella expuso varios casos de presunta corrupción en el gobierno Petro: la UNGRD perdió el rastro de más de $ 1 billón y denunció una nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/BomX0f3bTL
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026
A estos señalamientos se sumaron cuestionamientos sobre el presupuesto destinado al Ejército Nacional. De acuerdo con De La Espriella, las decisiones adoptadas durante la política de ‘Paz Total’ habrían dejado a las Fuerzas Militares con un déficit cercano a los $23 billones.
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El jefe de Estado también se refirió al programa Colombia Mayor, sobre el cual aseguró que enfrenta un déficit cercano a los $630.000 millones mensuales para garantizar su funcionamiento, mientras que en el Icetex denunció un recorte presupuestal del 70 %, que habría afectado a más de 180.000 estudiantes.
Los señalamientos hacen parte de un paquete de más de 80 casos que el Gobierno asegura haber identificado durante el empalme anticorrupción. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que los investigadores encontraron patrones que, según el documento, incluyen fallas en el rigor técnico, incumplimiento de normas y procedimientos, debilitamiento de los sistemas tecnológicos, información incompleta y deficiencias en la ejecución presupuestal.
Entre tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo anunció la conformación de un equipo especial para revisar las denuncias entregadas por el Gobierno. La Fiscalía deberá establecer cuáles de los hechos reportados constituyen efectivamente irregularidades y si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones formales.
Por ahora, los señalamientos corresponden a denuncias y hallazgos presentados por la actual administración y deberán ser sometidos a la correspondiente verificación por parte de los organismos de control y la Fiscalía. No implican, por sí mismos, que se haya establecido responsabilidad penal de funcionarios del anterior gobierno.
