La declaración la hizo durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar, donde el jefe de Estado marcó una línea roja frente a cualquier acercamiento clandestino entre autoridades locales y grupos armados ilegales.
“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas”, afirmó De La Espriella.
El Presidente fue más allá y aseguró que aquellos funcionarios que desconozcan esta directriz tendrán que responder ante las autoridades judiciales.
“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, sostuvo.
De La Espriella cuestionó que mientras integrantes de la Fuerza Pública enfrentan a las organizaciones armadas y ponen en riesgo su vida, algunas autoridades puedan intentar establecer acuerdos al margen de las instituciones.
“No toleraré que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la Patria”, manifestó.
El mandatario aprovechó el escenario para defender su concepto de descentralización y aseguró que entregar mayores responsabilidades a las regiones no significa permitir que el Estado pierda autoridad sobre los territorios.
“La descentralización no sirve si el Estado no ejerce autoridad en el territorio”, dijo.
En cuanto a los grupos armados, De La Espriella reiteró que su Gobierno mantendrá una puerta abierta para quienes decidan abandonar las actividades ilegales y someterse a la justicia. Para quienes continúen delinquiendo, en cambio, advirtió que habrá una ofensiva de la Fuerza Pública.
“Quien persista en el crimen debe saber que se va por él y se le va a aplicar todo el peso de la ley”, señaló.
El Presidente también explicó que la estrategia de seguridad no estará enfocada exclusivamente en la captura o neutralización de los principales cabecillas. La Fuerza Pública buscará afectar las estructuras completas, incluyendo sus fuentes de financiación y las rutas utilizadas para desarrollar sus actividades criminales.
Entre las prioridades mencionó el cierre de corredores estratégicos, el golpe a las rentas ilegales y la reducción de la capacidad de estos grupos para reorganizarse después de las operaciones de las autoridades.
La ofensiva, agregó, también tendrá un componente urbano, con mayor presencia policial en barrios, corredores y zonas metropolitanas donde las organizaciones delincuenciales estén generando mayores afectaciones a la ciudadanía.
De La Espriella destacó además la necesidad de que cada operación contra las estructuras armadas tenga continuidad en los despachos judiciales. Según explicó, conversó con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre la importancia de fortalecer las investigaciones para que los resultados operativos puedan traducirse en imputaciones, acusaciones y condenas.
El mandatario insistió en que la lucha contra las organizaciones criminales no puede quedarse únicamente en operaciones militares o policiales, sino que debe estar acompañada por procesos judiciales sólidos.
Finalmente, De La Espriella cerró su intervención con una nueva advertencia a los grupos armados y aseguró que su administración mantendrá una política de confrontación frente a quienes pretendan someter a la población.
“No habrá tregua mientras una sola de esas estructuras pretenda someter a los colombianos”, afirmó.
Y remató: “Conmigo esos delincuentes tienen la partida perdida y los vamos a derrotar por la razón o por la fuerza”.
