Las decisiones quedaron formalizadas mediante las resoluciones 365 y 369 de 2026, con las que el Ejecutivo derogó actos administrativos expedidos durante los años 2023 y 2024 que habían permitido la instalación y funcionamiento de estos espacios de diálogo.
Con estas determinaciones, la administración de De La Espriella da otro paso en su estrategia de desmontar las negociaciones que, a juicio del actual Gobierno, no produjeron resultados concretos en materia de desarme, sometimiento a la justicia o desarticulación de las organizaciones criminales.
El presidente ya había advertido que durante su administración no tendrían continuidad las mesas que no demostraran avances verificables.
“Se acabaron las mesas sin resultados”, ha insistido el mandatario al explicar el viraje de su política frente a las organizaciones armadas y criminales.
Uno de los procesos afectados es el que se desarrollaba con Comuneros del Sur, estructura surgida de una fractura del ELN en Nariño y que durante el anterior Gobierno había sido incorporada a un escenario de negociación.
La nueva resolución deja sin efecto las disposiciones que habían habilitado ese proceso y marca, de esta manera, el cierre formal de uno de los mecanismos heredados de la política de ‘Paz Total’.
Pero el movimiento del Gobierno también alcanza a Medellín y los municipios del Valle de Aburrá.
La denominada mesa de paz urbana había comenzado formalmente en 2023 como un espacio sociojurídico para buscar acuerdos con algunas de las principales estructuras criminales de la región, entre ellas La Oficina, Los Chatas, El Mesa, Pachelly y Los Triana, además de otros grupos y combos con presencia en diferentes sectores del área metropolitana.
El propósito de aquella estrategia era reducir la violencia y avanzar hacia procesos de sometimiento y transformación de las estructuras delincuenciales.
Sin embargo, el Gobierno actual decidió cerrar ese capítulo y retirar el respaldo institucional que había permitido el funcionamiento de la mesa.
La decisión se produce además después de una medida que ya había generado impacto dentro del sistema penitenciario: el traslado de 104 internos de la cárcel La Paz, en Itagüí, entre ellos 17 personas que permanecían privadas de la libertad y que estaban vinculadas con la mesa de paz urbana.
Con la expedición de las nuevas resoluciones, el desmonte deja de ser solamente operativo y adquiere carácter administrativo y jurídico.
Ahora el Gobierno deberá enfrentar uno de los principales interrogantes que surgen tras el cierre de estos espacios: qué ocurrirá con las estructuras criminales que participaron en ellos y si la ruptura de los canales de diálogo tendrá algún efecto sobre los niveles de violencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
Precisamente, entre los escenarios que generan preocupación aparecen posibles disputas por el control territorial, retaliaciones, ajustes de cuentas y un eventual incremento de los homicidios.
No obstante, el Gobierno sostiene que la salida no será dejar estos territorios a merced de las organizaciones criminales, sino fortalecer la acción de la Fuerza Pública y utilizar los mecanismos judiciales disponibles contra quienes continúen delinquiendo.
El giro también deja abierta otra pregunta: ¿qué ocurrirá con las demás mesas heredadas de la ‘Paz Total’?
Por ahora, no se conoce una decisión similar frente al proceso que involucra al Clan del Golfo, por lo que ese escenario continúa pendiente de definición por parte del Ejecutivo.
De esta manera, la administración De La Espriella avanza en una política que se distancia abiertamente de la estrategia de negociación impulsada por Gustavo Petro. El mensaje del nuevo Gobierno es que cualquier acercamiento con grupos armados o estructuras criminales deberá estar acompañado de resultados verificables y de compromisos concretos frente a la justicia.
El desmonte de las mesas de Comuneros del Sur y de las bandas del Valle de Aburrá constituye así un nuevo capítulo del cambio de rumbo en la política de seguridad nacional.
La ‘Paz Total’, uno de los principales proyectos políticos del anterior Gobierno, sigue perdiendo espacios institucionales bajo la nueva administración.
